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Fecha Edicion



Edición del dia Martes 21 de Marzo de 2017
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta
Fecha de expedición del documento : 2017-02-02

NO ES PROCEDENTE ALEGAR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD QUE EL BENEFICIARIO REQUIERA. Contrario a lo que manifiesta la accionada en su recurso de apelación, no resulta desproporcionada la decisión del Tribunal que falló favorablemente la tutela interpuesta al señalar que era obligación de la entidad brindar todos los servicios de salud necesarios que se requieran para practicar el procedimiento quirúrgico solicitado, además no resulta comprensible alegar la puesta en riesgo de la sostenibilidad financiera del sistema de salud al obligar a la entidad a brindar todos los servicios médicos que el paciente necesite, pues no es obligación de este asumir las consecuencias derivadas de actuaciones u omisiones originadas en las entidades administrativas. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Falta. Disponibilidad presupuestal. Servicios de salud.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta
Fecha de expedición del documento : 2017-01-19

ENTIDAD DEUDORA CARECE DE LA CAPACIDAD PARA DETERMINAR SI REALIZA EL PAGO DE LOS INTERESES LUEGO DE LIBRARSE MANDAMIENTO DE PAGO. Resulta evidente que la actuación de las autoridades judiciales demandas fue contraria a las leyes debido a que las normas en materia contencioso administrativa son claras al señalar, que se devengan intereses comerciales dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia que ordena el pago de sumas de dinero y luego de este término empiezan a generarse intereses moratorios, por lo tanto la condena a pagar una obligación (capital e intereses) se considera como un todo y deben ser cumplidas en su totalidad por la autoridad estatal deudora, sin que esta cuente con la capacidad de decidir si paga solamente el capital. Confirma. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Obligación. Capital. Intereses. Sumas de dinero. Pago.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta
Fecha de expedición del documento : 2017-01-19

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE SENTENCIAS QUE DECIDEN ESTA CLASE DE MECANISMO CONSTITUCIONAL. La presentación de acciones de tutela en contra de sentencias de tutela no procede por regla general, a menos que tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional se logre demostrar que la nueva tutela no comparte la identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude y que no exista otro medio ordinario o extraordinario idóneo para resolver la situación; la omisión de cumplimiento de tales requisitos genera el rechazo de la tutela por parte del juez competente. Declara. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Acción de tutela. Sentencias de tutela. Procedencia.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2017-01-27

LA BONIFICACIÓN POR ACTIVIDAD JUDICIAL NO CONSTITUYE FACTOR SALARIAL ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2009. De acuerdo a lo consagrado en los artículos 1 y 2 del Decreto 3131 de 2005, las bonificaciones por actividad judicial recibidas en el mes de julio y diciembre del 2008 no constituyen factor salarial ni prestacional, ni se tienen en cuenta para determinar las prestaciones sociales, sino que por el contrario se trata de un reconocimiento económico al buen desempeño. Ahora bien, mediante Decreto 3900 de 2008 se dispuso que a partir del 1 de enero de 2009 la bonificación en estudio sería factor salarial para efectos de determinar el ingreso base de cotización del sistema general de seguridad social en salud, el cual no se puede aplicar para el caso en concreto ya que tal concepto fue percibido antes de la vigencia de dicho decreto. Confirma. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Pensión de jubilación. Rama judicial. Bonificación. Actividad judicial.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2017-01-26

PLAZO PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍA. Tal como lo establece el artículo 1 de la Ley 244 de 1995, modificado por el 4 de la Ley 1071 de 2006, es a partir de la fecha de radicación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas o parciales, que inicia para la entidad empleadora el plazo de los 15 días para expedir el acto de reconocimiento, 10 más que corresponden al término de la ejecutoria y finalmente, los 45 días para la cancelación de la prestación social, para un total de 70 días hábiles, transcurridos los cuales, se genera la sanción moratoria. Confirma C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Auxilio de cesantía. Prestación social. Sanción moratoria. Liquidación.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Fecha de expedición del documento : 2017-01-27

LUEGO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993, LOS ENTES UNIVERSITARIOS NO TIENEN COMPETENCIA PARA RECONOCER PENSIONES A SUS SERVIDORES. Después de la entrada en vigencia de los regímenes pensionales consagrados en la Ley 100 de 1993, los entes universitarios de carácter oficial perdieron competencia para el reconocimiento de pensiones de sus servidores y, por virtud de la afiliación obligatoria de los servidores públicos al sistema general de pensiones y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 14 del Decreto 692 del 29 de marzo de 1994, es a la administradora de pensiones que hubiere recibido o le correspondiese recibir las cotizaciones del período en el cual ocurriere el siniestro o hecho que diera lugar al pago de la prestación correspondiente, quien debe efectuar el reconocimiento de respectivo. Confirma C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Medida cautelar. Suspensión provisional. Acto administrativo. Competencia. Reconocimiento pensional. Servidores.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Fecha de expedición del documento : 2017-02-16

UNA VEZ COMPROBADA LA DETENCIÓN INJUSTA DEL PROCESADO, ESTE ÚLTIMO TIENE DERECHO A SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. Contrario a lo que manifestó la primera instancia, se pudo comprobar efectivamente que el demandante sufrió una privación injustificada de la libertad con la medida de aseguramiento librada en su contra, toda vez que la investigación penal terminó con la sentencia del juez en la que declaraba la inocencia del procesado, de modo que el investigado se encontraba facultado para exigir de la Fiscalía General de la Nación la indemnización de los perjuicios causados durante su reclusión en establecimiento carcelario. Revocar. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Detención injusta. Procesado. Indemnización.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Fecha de expedición del documento : 2016-08-01

LA ENTIDAD PÚBLICA TIENE LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS PERSONAS BAJO SU CUSTODIA. En relación con los daños causados a los transeúntes que estaban cerca al lugar en el que se realizó el atentado en contra de un Director Seccional del DAS, sí había lugar a decretar la responsabilidad de esta entidad por las fallas en que incurrió debido a la deficiente vigilancia del sitio en el cual se colocó el explosivo, ya que no ejerció la vigilancia continua de 24 horas a pesar de ser consciente de su deber, por lo tanto es posible predicar el deber del DAS de indemnizar los perjuicios sufridos por el demandante con la conducta delictiva. Declarar. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Responsabilidad. DAS. Atentado. Transeúntes. Fallas.

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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera
Fecha de expedición del documento : 2017-02-16

LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DE UN CIUDADANO. Al no configurarse la culpa exclusiva de la víctima como la causa de la detención por parte de la autoridad competente, e inclusive se decreta su inocencia debido a la existencia de dudas probatorias en relación con su grado de responsabilidad en la participación del delito que se investiga, es deber de la Fiscalía (entidad que dicta la medida de aseguramiento) indemnizar al procesado todos los daños generados durante la detención, ya que se lesiona el derecho a la libertad individual reconocido por la Carta Política. Declarar. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Responsabilidad. Estado. Privación injusta de la libertad. Ciudadano.

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Corte Constitucional
Fecha de expedición del documento : 2017-02-15

CORTE CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIA SOBRE DEMANDA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 1482 DE 2011. La Corporación consideró que la norma acusada no era contraria a la Constitución excepto la expresión “constitutivos de hostigamiento” la cual sí fue declarada inexequible, al considerar que los demás elementos contenidos en el artículo 4º que fue objeto de demanda permiten identificar claramente lo que se entiende por hostigamiento como conducta punible, mientras que la expresión inexequible solo puede contribuir a la confusión de los jueces al momento de estudiar las conductas punibles. Exequible. M.P. María Victoria Calle Correa. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Demanda. Hostigamiento. Inexequible.

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Corte Constitucional
Fecha de expedición del documento : 2017-03-03

UNO DE LOS ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN LA AYUDA HUMANITARIA OTORGADA A LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ES SU CARÁCTER TEMPORAL. Su entrega se encuentra limitada a un plazo flexible, el cual se determina por el hecho de que el desplazado no haya podido superar las condiciones de vulnerabilidad, satisfacer sus necesidades más urgentes y lograr reasumir su proyecto de vida. Lo anterior, porque la política pública en materia de desplazamiento tiene como propósito brindar las condiciones para que las personas no permanezcan indefinidamente en situación de desplazamiento, sino que avancen hacia la estabilización socioeconómica y el autosostenimiento. Revoca M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Víctimas. Desplazamiento forzado. Ayuda humanitaria.

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Corte Constitucional
Fecha de expedición del documento : 2017-02-07

EL TRASLADO DE UN DOCENTE DEBE ATENDER A SUS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS DE SU FAMILIA. El jus variandi no es absoluto sino que está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige para el trabajo condiciones dignas y justas, así como por los principios mínimos fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo. Su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el rendimiento demostrado. Revoca M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Traslado. Docente. Hijo. Situación de discapacidad. Unidad familiar.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2017-02-08

LA ESCISIÓN DEL ISS NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA QUE SE DISPONGA EL REINTEGRO DEL TRABAJADOR DESPEDIDO INJUSTAMENTE. Dicha tesis es aplicable siempre y cuando la persona no haga parte de las dependencias y estructuras escindidas de la entidad, y permanezca laborando con el Instituto de Seguros Sociales, o, porque conserve la condición de trabajador oficial en los eventos en que se desempeñe en funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales. No todos los cargos relacionados con el área de la salud, quedaron afectados por el proceso de escisión del ISS, en la medida que, en los precisos términos del Decreto 1750 de 2003, únicamente los servidores públicos de la Vicepresidencia de Prestación de Servicios de Salud, de las Clínicas y los Centros de Atención Ambulatoria, quedaron vinculados, sin solución de continuidad, a las Empresas Sociales del Estado creadas mediante ese decreto, lo que significa que aquellos servidores que prestaban sus servicios en otras dependencias o áreas de la entidad, conservaron la naturaleza de su vínculo laboral por seguir siendo trabajadores del Instituto. Casa. M.P. Gerardo Botero Zuluaga Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Existencia. Contrato de trabajo. Contrato realidad. Despido. Reintegro.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2017-02-08

CUANDO LOS JUZGADORES ADOPTAN UNA DECISIÓN CONTRARIA A LO QUE DEMUESTRAN LAS PRUEBAS, LA CORTE DEBE CASAR LA SENTENCIA. Frente a un yerro fáctico evidente del juez de segunda instancia, debido a la inobservancia de las pruebas calificadas o a su valoración equivocada, la Corte en cumplimiento de su función de ejercer el control de legalidad de las sentencias que llegan a su conocimiento en virtud de la interposición del recurso de casación, a fin de que la ley sea correctamente aplicada e interpretada de forma que se avenga a su cabal y genuino sentido, está en la obligación de reparar el agravio inferido a las partes. Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Recurso extraordinario de casación. Valoración probatoria. Errores.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral
Fecha de expedición del documento : 2017-02-08

LUEGO DE LA REINVERSIÓN ECONÓMICA REALIZADA POR FOGAFÍN AL BANCO CAFETERO, SUS TRABAJADORES CONTINUARON CON EL CARÁCTER DE OFICIALES. Aun cuando en el artículo 28 del Decreto 2331 de 1998, que modificó y adicionó el numeral 4 del Decreto 663 de 1993 o Estatuto Financiero se indica que cuando quiera que el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera adquiera acciones, o en general, realice ampliación de capital en entidades financieras, que de acuerdo con la ley cambien de naturaleza por dicha adquisición de acciones o ampliación de capital, los trabajadores de tales entidades no verán afectados sus derechos laborales, legales o convencionales, por razón de la participación del Fondo, por lo cual seguirán sujetos al régimen laboral que les era aplicable antes de dicha participación. No Casa M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Calidad. Trabajador. Servidor público. Incrementos salariales. IPC.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
Fecha de expedición del documento : 2017-03-01

ESTRUCTURACIÓN DEL DELITO DE PREVARICATO POR ACCIÓN. Constituyen supuestos para la estructuración del tipo objetivo la concurrencia de un sujeto activo calificado, es decir, tener la calidad servidor público; como sujeto pasivo el Estado y la Sociedad; el bien jurídico que este delito viola o pone en peligro es la administración pública en su especifica versión de exigir el respeto de la autoridad a la ley y el Derecho; la conducta consiste en conceptuar, proferir el dictamen o la resolución ilegal; y, como elemento normativo, además de los anteriores, la expresión “manifiestamente contrario a la Ley”. Confirma M.P. Eyder Patiño Cabrera Documento disponible al público en marzo de 2017 Temas: Delito. Prevaricato por acción. Estructuración.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
Fecha de expedición del documento : 2017-03-01

CONFIGURACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN IMPIDE AL ESTADO CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL PROCESADO. Es necesario tener en cuenta que las leyes penales colombianas establecen un tiempo específico, en el cual el Estado debe ejercer las acciones pertinentes para efectos de sancionar las conductas contrarias a las normas que sean cometidas por alguna persona, pero una vez que expira dicho plazo se configura la prescripción de la acción penal y la autoridad competente pierde cualquier facultad para castigar al responsable del delito investigado; tal figura jurídica puede ser solicitada por alguna de las partes o el juez decretarla de oficio, en aras de garantizar los derechos fundamentales del procesado. Casar parcialmente. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Prescripción. Delito. Juez.

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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal
Fecha de expedición del documento : 2017-03-01

CORRESPONDE AL CASACIONISTA DEMOSTRAR EL ERROR DEL JUEZ AL MOMENTO DE EMITIR SENTENCIA CONDENATORIA. Una de las responsabilidades que asume el impugnante al interponer el recurso de casación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, es demostrar ante la Corte Suprema de Justicia que efectivamente la segunda instancia incurrió en error al emitir la decisión bien sea por no aplicar o hacerlo de manera errada las leyes o incurrir en una indebida apreciación de las pruebas aportadas, pero no puede tal recurso emplearse exclusivamente para tratar de manifestar el simple desacuerdo con la sentencia condenatoria ya que la ley no le ha otorgado tal objetivo. No casar. M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. Documento disponible al público en marzo de 2017. Temas: Casacionista. Responsabilidades. Demostrar. Error.

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