CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

 

Proceso No 24872

 

Bogotá, D. C., seis de junio del año dos mil seis.

Aprobado acta No. 054

Magistrado Ponente:

Dr.  MAURO SOLARTE PORTILLA

 

 

Resuelve la Corte el recurso de reposición interpuesto por el defensor de confianza el requerido en extradición, ciudadano JHONNY SALINAS, contra el auto proferido el dos de mayo último, mediante el

cual negó por improcedentes las pruebas solicitadas.

 

Antecedentes.-

 

1.- De conformidad con lo dispuesto por  la legislación procesal penal interna, el Ministerio del Interior y de Justicia envió a esta Corporación la solicitud de extradición del ciudadano JHONNY SALINAS, formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 3125 del 20 de diciembre 2005, acompañada de la documentación correspondiente y del concepto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el sentido que ante la ausencia de convenio aplicable entre las partes, procede obrar de conformidad con las disposiciones en torno al tema establecidas en el Código de procedimiento penal de Colombia.

 

2.- Una vez resuelto lo atinente a provisión de la defensa técnica, el veintiuno de febrero último, en aplicación de lo previsto por el artículo 518 del estatuto procesal de 2000 se dispuso, por auto del Magistrado Sustanciador, correr traslado por el término de diez días, al requerido en extradición, a su defensor de confianza y al Procurador Delegado, para que solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes y conducentes (fl. 17).

 

3.- Durante el término de traslado dispuesto por la Corte, el defensor de confianza solicitó la práctica de las siguientes pruebas:

 

3.1.-  Solicitar copia o transcripción auténtica de la resolución de acusación emitida por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos de América Distrito Norte de Illinois, distinguido con el No. 05 CR-0601, “dado que el que milita a folios no es el auténtico”. Anotó que “revisada la foliatura que conforma esta resolución inalienable y exigida como requisito de procesabilidad se ve que está autenticado el documento, no así su transcripción, máxime como se aprecia es traducción no oficial”.

 

Sostuvo al efecto que la norma procesal es expresa al requerir que la resolución de acusación o su equivalente sea copia o transcripción auténtica, lo que no se cumple en este caso, “razón para evidenciar la falencia y decretar se subsane y obtenga la prueba idónea como se requiere en defensa y garantía del debido proceso y derecho de defensa por violación formal y falta del requisito expreso”.

 

3.2.- Solicitar copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. Argumentó que los textos enviados corresponden a transcripciones parciales de algunas disposiciones, al punto que obvian las penas aplicables en estos casos, con lo cual se viola la norma procesal que exige “no una transcripción de las normas sino copia auténtica”.

 

Sostuvo que la presencia en la actuación de la copia auténtica e íntegra de las normas aplicables al caso, permitirá a la defensa “argumento acorde a las  convenciones internacionales y a principios referentes a la doble incriminación o en su defecto el análisis y cotejo de normas y penas aplicables con el derecho penal colombiano”.

 

3.3.- Allegar copia de la resolución oficial o comisión dentro de la cual el Agente Especial Kevin J. Corcan, Agente Especial de la DEA, realizó las labores que sirven de apoyo a la solicitud de extradición, dentro de las cuales hizo pesquisas en el territorio nacional.

 

Dijo entender la defensa “que las operaciones que realizó el Agente Especial en territorio nacional deben estar respaldadas y avaladas para así determinar en un momento y frente al trámite de la extradición, si ellas corresponden a las facultades del investigador frente a sus actuaciones, limitaciones y la legalidad de la prueba como fuente de la solicitud de extradición”.

 

3.4.- Oficiar a la Fiscalía General de la Nación, para que remita copia del proceso radicado con el número 71071 adelantado por la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima, por hechos en los cuales al parecer intervino el aquí solicitado, y determinar así la participación o no de SAULO JOHNNY SALINAS MENESES y si se le vinculó en dicho trámite.

 

Dicho medio, dijo, tiene como propósito determinar el grado de participación del solicitado en extradición y “evitar una doble incriminación como fundamento del concepto que aquí se profiera”.

 

3.5.- Solicitar al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, que allegue los antecedentes y procesos que estén o hayan estado a cargo del ciudadano mexicano Jesús Flórez Ariza, quien, según la información suministrada por el requerido, corresponde al informante confidencial a que se alude en la acusación.

 

Argumentó que en la actuación “se requiere establecer de qué manera el ciudadano mexicano e informante (CSI) colaboró con autoridades americanas e ingresó a territorio colombiano a fin de contactar al solicitado en extradición y permitió su vinculación a este proceso de extradición y con qué fines dentro del territorio nacional”.

 

3.6.- Oficiar a la oficina de inmigración del DAS, para que remita el reporte de entradas y salidas del territorio nacional que hubiere realizado el ciudadano mexicano Jesús Flórez Ariza.                  

 

Sostuvo que en la actuación resulta necesario establecer que Flórez Ariza visitó nuestro país con el único propósito de contactar al solicitado en extradición y para beneficio de su situación jurídica en los Estados Unidos de América por hechos suscitados en Colombia.

 

4.- Durante el término de traslado el Procurador Delegado guardó silencio (fl. 42).

 

5.- La providencia objeto de recurso.

 

Por auto proferido el dos de mayo último, la Corte negó por improcedentes las pruebas solicitadas por el defensor del requerido en extradición. En dicho pronunciamiento dispuso, además, correr traslado, por el término de cinco (5) días al requerido en extradición, su defensor de confianza y el Procurador Delegado, para que presenten sus correspondientes alegatos previos al concepto de fondo (fls. 27 y ss. cno. Corte).

 

  

6.- El recurso.-

 

En escrito presentado en oportunidad, el defensor del requerido en extradición, señor JHONNY SALINAS, manifiesta interponer recurso de reposición contra la determinación referida en el numeral que precede, a fin de que se revoque y se disponga la práctica de las pruebas solicitadas dentro del trámite.

 

6.1.- Considera que si bien se encuentra autenticada la copia de la resolución de acusación emitida por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos de América para el Distrito Norte de Illinois, no sucede igual con su transcripción, “más cuando se aprecia traducción no oficial”.     

 

Sostiene que la defensa no encuentra reparo alguno en cuanto a la autenticidad de los documentos referidos a la extradición de su asistido, empero, dice, la defensa se ciñe a los presupuestos exigidos por el artículo 513 del Código de Procedimiento Penal, y es precisamente dicha disposición la que establece que la solicitud debe venir acompañada con la copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente, y traducidas al castellano, si fuere el caso.

 

Anota que “el tema que plantea la defensa como prueba es que la resolución de acusación es auténtica más  no así su trascripción  (copia o trascripción auténtica) y traducidas al castellano, es decir que para el suscrito lo que no es auténtico es la trascripción  ya que como se ve y observa el documento es traducido al español en traducción no oficial  como lo expone a folios, con lo cual en criterio de este servidor se contraviene el numeral 1 del artículo 513 del C.P.P. cuando deviene en exigir que a la solicitud se le debe acompañar de copia o trascripción  auténtica de la sentencia, resolución de acusación o su equivalente”.

 

6.2.- En relación con la pretensión porque se allegue copia auténtica de las disposiciones penales aplicables al caso, manifiesta entender que la literalidad del artículo 513 del Código de Procedimiento Penal hace expresa referencia a ello, de manera que simplemente una copia auténtica es copia o transcripción de un original que para el caso serán las normas aplicables al caso en copia auténtica “y no la descripción personal o trascripción  de una autoridad pese a que se diga dentro de la misma que corresponde a lo que literalmente traducen esas normas y se contemple una pena que puede oscilar entre los diez años y la vitalicia, por ende no son copia auténticas y se requiere de copias auténticas”.  

 

6.3.- En cuanto tiene que ver con la petición de allegar copia del proceso radicado con el número 71071 en la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima de la Fiscalía, por hechos en los cuales “al parecer intervino el aquí solicitado en extradición”, a fin de establecer “la participación o no del ciudadano SAULO JHONNY SALINAS MENESES y su omisión o no vinculación a este trámite interno frente al foráneo”, manifiesta que la conducencia y pertinencia al caso deriva de la necesidad de “evitar una doble incriminación como fundamento del concepto que aquí se profiera”.

 

Sostiene que si bien es cierto el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal faculta al ejecutivo para diferir la entrega del solicitado en extradición, también lo es que dicha facultad del Presidente es para cuando la persona requerida en extradición ha delinquido en Colombia con anterioridad a la solicitud. Por esto considera que la prueba solicitada resulta relevante, toda vez que los hechos por los cuales se solicita la extradición de su asistido, son los mismos que se investigan por la Fiscalía en Colombia.

 

Considera que la ausencia de esta prueba en el trámite de extradición, conlleva a que la Corte no tenga elementos de juicio para determinar si se cumple o no el requisito de la doble incriminación o si el delito que se le imputa al requerido es político o de opinión.

 

6.4.- Finalmente, en lo que respecta a la petición de allegar los antecedentes y procesos en curso contra el ciudadano mexicano JESÚS FLÓREZ ARIZA, y el reporte de entradas y salidas a territorio colombiano, manifiesta que la conducencia y pertinencia de estos medios radica en la necesidad de establecer si éste ingresó a territorio colombiano a fin de contactar al requerido en extradición dando lugar a su vinculación al proceso por el que se le solicita por autoridades extranjeras.

 

Sostiene al efecto que “se hace necesario determinar que FLÓREZ ARIZA visitó nuestro país única y exclusivamente con el fin de contactar al solicitado en extradición y para beneficio de su situación jurídica en Norteamérica en hechos suscitados dentro de nuestro país”.

 

Sostiene que “para poder establecer que el colombiano SAULO JHONNY SALINAS MESES tiene una doble incriminación o fue entrampado o sometido por las rutas y destinos no que él consiguió sino que fueron impuestos por la misma DEA, es importante que las pruebas que se solicitan sean decretadas y así poder fundamentar el concepto con respecto a la doble incriminación” (fls. 44 y ss.).         

 

SE CONSIDERA

 

1.- La reposición tiene por finalidad permitir al funcionario, en este caso la Corte, que profiere la providencia que por este mecanismo se impugna, corregir aquellos errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere podido incurrir en la decisión ameritada, otorgando la posibilidad de examinarla y, si a ello hubiere lugar, proceder a revocarla, reformarla, aclararla o adicionarla en los aspectos sobre los cuales la inconformidad encuentre verificación, para lo cual resulta indispensable que el interviniente en el trámite que acude a dicho instrumento de impugnación, no solamente lo haga en la oportunidad prevista por la ley, sino que exponga las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que la providencia está errada.

 

2.- En este caso, se observa que los argumentos que expone el defensor del requerido en extradición señor JHONNY SALINAS, para insistir en las pretensiones probatorias que eleva, no conducen a adoptar una decisión distinta de la asumida por esta Corporación en la providencia que se revisa, debiendo, por tanto, mantenerla, toda vez que con ellos no logra acreditar que los medios a que alude realmente corresponden a pruebas eficaces, pertinentes, útiles, necesarias y conducentes, referidas a los fundamentos a considerar en el concepto que demanda el Gobierno Nacional.

 

Entiende la Corte que cuando el recurrente alude a que la resolución de acusación adjunta a la solicitud de extradición, corresponde a documento que se halla autenticado, “no así su trascripción, más cuando se aprecia traducción no oficial”, en realidad lo que pretende es que se proceda nuevamente a la traducción al castellano de dichos documentos, lo cual resulta superfluo.

 

Esto si se da en considerar que en la Nota Verbal No. 3125 del 20 de diciembre de 2005, mediante la cual se presentó la solicitud formal de extradición, la Embajada de los Estados Unidos de América indicó expresamente lo siguiente: “La Embajada tiene el honor de incluir documentos autenticados que sustentan la presente solicitud de extradición de Jhonny Salinas, junto con la correspondiente traducción” (se destaca) (fl. 155 anexo).

 

Esta misma situación de improcedencia se ofrece en relación con la petición de la defensa porque nuevamente se allegue no una transcripción de las normas, sino copia auténtica de las disposiciones sustanciales aplicables al caso, toda vez que, como se indica en la declaración rendida por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de América para el Distrito Norte de Illinois, señor John Robert Blakey, “los segmentos de los estatutos que son pertinentes a este caso están adjuntos a esta declaración jurada como Anexo A”.

 

De manera que si, al contrario de lo planteado por el recurrente, en la actuación obra la copia auténtica de la resolución de acusación y de las disposiciones sustanciales aplicables al caso, documentos estos expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y  traducidas al castellano conforme lo dispone el artículo 513 de la Ley 600 de 2000, carece de sentido que la Corte disponga la repetición de dicho trámite, tan sólo porque uno de los intervinientes en el trámite considera que tales requisitos no se hallan reunidos, máxime si la traducción aparece avalada con sello y firma por parte de María Mercedes Uricoechea, Traductora Juramentada, según resolución 10607 de 1981, expedida por el Ministerio de Justicia.

 

Igual sucede con la insistencia del recurrente para que la Corte disponga allegar la copia del proceso número 71071 que al parecer adelanta la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima en contra de su asistido, pues la circunstancia de que en los hechos que originaron dicha  actuación aparezca o no involucrado el nombre del ciudadano SAULO JHONNY SALINAS MENESES como una de las personas imputadas, sindicadas o acusadas, no conduce a verificar el cumplimiento de ninguno de los requisitos en que el concepto ha de estar apoyado.

 

Tampoco puede perderse de vista que la disposición invocada por el recurrente, (art. 522 de la Ley 600 de 2000) tiene por destinatario al Gobierno Nacional y no a la Corte, lo que denota la carencia de fundamento jurídico en la pretensión.

 

Por esto no cabe más que reiterar la posición de la Sala en el sentido que dentro de las facultades con las que la Corte cuenta para emitir el concepto que de ella demanda el Gobierno Nacional, no se incluye la necesidad de establecer si el requerido es investigado o no por la justicia colombiana, o si los hechos por los que se le procesa son los mismos por los que se solicita su extradición, ya que dichas eventualidades no afectan el trámite ni determinan el sentido en que habría de conceptuar, lo que indica que en el trámite de extradición no resulta útil conocer si el requerido ha sido vinculado o no en Colombia por los hechos de que se ocupa la investigación a que alude la defensa.

 

De todos modos, a este respecto no puede perderse de vista que es el Presidente de la República, como supremo director de las relaciones internacionales, la autoridad que tiene a su cargo la decisión final frente al pedido de extradición, definir si la concede o la niega, o eventualmente concederla difiriendo la entrega del solicitado, ya que se halla facultado por la ley para obrar según las conveniencias nacionales y, en tal medida, de acuerdo con la órbita de su competencia, de la cual carece la Corte, si lo considera necesario, establecer los aspectos a que alude la defensa, y su correspondencia con el caso.

     

Finalmente, en cuanto tiene que ver con la insistencia de la defensa porque se disponga llevar a cabo actividad probatoria en orden a establecer si el señor Jesús Flórez Ariza es o no el informante confidencial a que se alude en la documentación anexa a la solicitud de extradición, si registra o no antecedentes penales, o si ha ingresado o no a territorio patrio, es de decirse por la Corte que dicho tema en nada se relaciona con el principio de la doble incriminación, consistente en que el hecho por el que en el extranjero se acusa el requerido en extradición también se halle definido como delito en la legislación patria, como contrariamente es entendido por el recurrente. 

 

Si lo pretendido por la defensa es demostrar que su patrocinado no actuó libre y voluntariamente en el hecho por el que solicita su extradición, sino que ello fue el resultado de la inducción a que dice haber sido sometido por parte de quien señala como Flórez Ariza, debe reiterar la Corte que dicho aspecto escapa a los fundamentos del concepto que le corresponde emitir, y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula el pedido, pues, tal cual ha sido repetidamente dicho, el trámite de extradición no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquél a quien se reclama en extradición y que culmine con un fallo de mérito, sino en un concepto jurídico no susceptible de impugnación alguna, limitado a los aspectos sobre los cuales la Constitución y la ley le confieren competencia .        

 

Se tiene entonces, que no asistiendo ninguna razón al libelista como para que la Corte modifique el sentido de la decisión impugnada, se la mantendrá incólume, máxime si en el escrito de sustentación el recurrente no logra acreditar que se satisfacen a plenitud los requisitos de utilidad, conducencia y pertinencia en las pruebas cuyo recaudo solicita.

 

Este auto no es susceptible de recurso alguno, pues no contiene punto que no hayan sido decididos anteriormente, ni otorga interés jurídico a otros intervinientes para impugnar.

 

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL,

 

R E S U E L V E:

 

NO REPONER la providencia objeto de impugnación.

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

 

Notifíquese y cúmplase.

 

 

 

 

MAURO SOLARTE PORTILLA

 

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ              

 

ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

 

EDGAR LOMBANA TRUJILLO               

 

ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

 

MARINA PULIDO DE BARÓN                

 

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

 

YESID RAMÍREZ BASTIDAS                  

 

JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

 

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria