CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION LABORAL
Referencia: Expediente No. 17631
Acta No.02
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de
enero de dos mil dos (2002).
Resuelve la Corte el
recurso de casación interpuesto por GERARDO DE JESÚS MONTOYA MONTOYA contra la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín el 11 de julio de 2001, en el juicio promovido por el
recurrente contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.
En lo que interesa al
recurso de casación, el promotor de este proceso pretendió que la demandada
fuese condenada al reconocimiento y pago de pensión de jubilación, en cuantía
del cien por cien de las sumas percibidas en el año anterior a la adquisición
del derecho y las costas.
Como
fundamento de tales pretensiones, en lo que atañe al recurso, afirmó haber
prestado servicios a las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN durante más de 20 años,
todos ellos anteriores al 23 de diciembre de 1993, fecha de vigencia de la ley 100 de ese año, por lo que adquirió
el derecho a pensionarse con los requisitos exigidos en los Acuerdos 82 de 1959
y 20 de 1985 a partir del 23 de diciembre de 1993.
La sociedad en la
respuesta a la demanda sostuvo que los Acuerdos invocados por el actor habían
dejado de tener vigencia de conformidad con la ley 11 de 1986 y la ley 100 no
tuvo efecto retroactivo.
Se opuso a las pretensiones y propuso las
excepciones de prescripción trienal, cosa juzgada y pago.
Mediante providencia del
22 de mayo de 2001, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín absolvió a
la sociedad demandada y condenó en costas al actor.
Al desatar el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en sentencia de 11 de julio de 2001, confirmó la decisión
de primera instancia.
En lo que incumbe al
recurso de casación, se remitió el tribunal a lo expuesto por esta Corporación
en sentencia del 12 de agosto de 1997, que concluyó la inaplicabilidad de las
disposiciones de los municipios que reconocieron pensiones después de la vigencia
del decreto 1333 de 1986; reafirmó que los Acuerdos invocados perdieron valor a
partir de la expedición de la ley 11 de 1986 y sólo se preservan los derechos
adquiridos con antelación, además de que los trabajadores de la demandada no
están cobijados por los aludidos Acuerdos Municipales.
III. EL RECURSO DE CASACION
Inconforme con la
anterior decisión, el demandante en casación pretende que la Corte “C A S E
T O T A L M EN T E la sentencia objeto del recurso para que, al
proferir la sentencia que ha de sustituir la anulada, y PREVIA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA
INSTANCIA, profiera sentencia en la cual SE ACOJAN LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA, condenando a la Entidad
demandada en las costas del proceso.
Para tal efecto formuló tres cargos así:
“PRIMER CARGO:
Con fundamento en la
causal primera de casación contemplada por el artículo 86 del C. de
Procedimiento laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1.964,
acuso la sentencia que aquí hago objeto del recurso de casación de ser
directamente violatoria, POR INFRACCION DIRECTA , de las normas de derecho
sustancial contenidas en EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 100 DE 1.993, de los
artículos 1º y 6º del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 0758 de
1.990, del artículo 45 del Decreto Reglamentario 1.748 de 1.995, del artículo
5º del Decreto Reglamentario 813 de 1.994, del artículo 1º y 9º de la Ley 71 de
1.988 de los artículos 11, 14, 141, 142, 143 y 150 de la Ley 100 de 1.993, de
artículo 4º del Decreto Reglamentario 1160 de 1.989 y DEL ARTÍCULO 53 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, al dejar de darles aplicación al caso
sometido a su estudio siendo regulados por tales normas, como así paso a
demostrarlo.” (Folio 11 del cuaderno de la Corte).
En una extensa demostración del cargo, sostiene que
la Ley 6ª de 1.945 solo estableció en forma directa un régimen aplicable a los
empleados y obreros nacionales de
carácter permanente. Para los empleados y trabajadores de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios, el Gobierno mediante decreto y teniendo
en cuenta la condición económica de tales entidades señalará las prestaciones
que hayan de pagárseles. En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto Ley
2.767 de 1.945, en el cual se estableció el régimen aplicable a dichos
servidores. Aclaró que en las entidades territoriales ese régimen prestacional
debe ser fijado por los gobernadores, alcaldes municipales, asambleas
departamentales y concejos municipales. Ese régimen prestacional extralegal y
especial debe aplicarse de manera preferencial al ser más favorable. Todo lo
anterior sufrió una modificación parcial, mediante la reforma constitucional de
1.968 en la que se dispuso que el régimen prestacional de los servidores
públicos del orden nacional sólo podía ser establecido por ley, y mediante la
Ley 11 de 1.986 se dijo que los empleados públicos se regirían por la ley,
mientras que los trabajadores oficiales se regirían por la ley y las
contrataciones colectivas de trabajo.
Agrega que la Ley 100 de 1.993 modificó parcialmente
ese régimen prestacional aplicable a los servidores de las entidades
territoriales y de sus organismos descentralizados. En el artículo 146 de dicha
ley se estableció que las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad quedaban vigentes y por lo tanto se aplican las
normas que consagran pensiones de jubilación extralegales. Y dispuso además que
las personas que hubieren cumplido con los requisitos para jubilarse de
conformidad con normas departamentales o municipales podrán hacerlo de acuerdo
con ellas.
Por todo lo anterior concluye que se debió aplicar
al presente proceso la Ley 100 de 1.993, pues en caso de duda prevalece la más
favorable al trabajador como lo ordena
el artículo 53 de la Constitución Política.
Aclaró finalmente que la entidad demandada es la
directamente obligada a reconocer y pagar la pensión de jubilación solicitada,
en atención a que en este caso no opera la sustitución de dicho riesgo en
ninguna entidad de seguridad social.
“SEGUNDO CARGO:
Con fundamento en la
causal primera de casación contemplada por el artículo 86 del C. de
Procedimiento Laboral, modificado por al artículo 60 del Decreto 528 de 1.964,
acuso la sentencia que aquí hago objeto del recurso de casación de ser
directamente violatoria, POR INTERPRETACIÓN ERRONEA, de la norma de derecho
sustancial contenida en el artículo 146 de la Ley 100 de 1.993, al darle a esta
norma legal una aplicación que la restringe en sus alcances lo que conduce a
dejar por fuera de su reglamentación el caso de autos. Siendo, como es, una
situación fáctica que exige ser regulada por tal norma legal, ASI COMO ES
VIOLATORIA, EN FORMA DIRECTA, PERO POR INFRACCIÓN DIRECTA de las normas legales
de carácter sustancial contenida en los artículos 36 de la Ley 100 de 1.993 en
el 5º del decreto reglamentario 0813 de 1.994, en el artículo 45 del decreto
reglamentario 1748 de 1.995, en los artículos 1º y 9º de la Ley 71 de 1.988, y en los artículos 14, 141, 143 y
150 de la Ley 100 de 1.993 al dejar de darles aplicación al caso de autos, como
así paso a demostrarlo.”(Folio 36 del cuaderno de
la Corte”.
En la demostración del cargo reitera lo dicho en
cuanto a las Leyes 6ª de 1.945, 11 de 1.986 y del artículo 146 de la Ley 100 de
1.993, para insistir en que la norma aplicable lo es ésta última, sobre la cual
incurrió el tribunal en interpretación errónea.
El opositor señala en síntesis que el recurrente
olvida tres circunstancias que privan de toda eficacia a los cargos: 1. Que la
Ley 11 de 1986, defirió exclusivamente en el legislador nacional la potestad de
establecer el régimen prestacional de los servidores estatales territoriales y
de sus entes descentralizados. Como la
ley tiene rango superior a ordenanzas y acuerdos, aquellos estatutos locales
dejaron de regir y perdieron aplicabilidad a partir de la vigencia de dicha ley, por ser contrarios a
los mandatos, solo se escapan a este principio situaciones jurídicas
consolidadas al amparo de aquellos regímenes de categoría inferior antes de iniciar su imperio la Ley
11; 2. Que como lo ha enseñado reiteradamente esta Sala, los acuerdos expedidos
por el Concejo de Medellín para establecer prestaciones extralegales para los
empleados de ese municipio no le son aplicables automáticamente a los
trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín; y 3. Que el artículo 16 del
C. S. del T, no es aplicable a los trabajadores oficiales, sino exclusivamente
a los a trabajadores particulares, según lo enseña el artículo 3 del mismo
código y lo corrobora en su artículo 4.
Luego el quebranto normativo no existe ni pudo existir. Además que una ley nueva no puede revivir
situaciones jurídicas definidas consumadas o consolidadas con anterioridad a su
vigencia, ya sean derechos adquiridos u otras situaciones jurídicas
indeleblemente configuradas, y el intento de buscar aplicabilidad del nuevo
régimen a situaciones ya firmes, equivale a propender por darle efecto
retroactivo a ese nuevo régimen.
Los
anteriores cargos se estudian de manera conjunta toda vez que se propusieron
por la vía directa, acusan el quebranto
de similares disposiciones y pretenden el mismo objetivo.
En los dos ataques se parte de
presupuesto de ser aplicables al demandante los Acuerdos Municipales que
establecieron un régimen pensional especial para los trabajadores del Municipio
de Medellín.
Tienen
los cargos como propósito, se conceda al demandante la pensión de jubilación
con base en lo establecido en el artículo 146 de la ley 100 de 1993, con el
argumento de que para la fecha que entró en vigencia dicho artículo, el 23 de
diciembre de 1993, había reunido los requisitos exigidos en el régimen prestacional
extralegal previsto en los Acuerdos Municipales.
No
se quebrantó el artículo 146 de la ley
100 de 1993, que si bien protege las situaciones jurídicas de carácter
individual definidas con anterioridad a la
ley con base en disposiciones municipales o departamentales en materia
de pensiones de jubilación extralegales a favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas
laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados,
y en su inciso segundo a quienes con
anterioridad a la vigencia hayan cumplido los requisitos exigidos en dichas
normas, pues no corresponde a la situación fáctica presentada en el asunto bajo
examen, toda vez que el demandante no tenía su situación pensional definida
frente a las normas municipales invocadas como sustento del derecho pensional
reclamado (régimen prestacional extralegal que denomina el censor, Acuerdo
municipal 82 de 1959), dado que el articulo 43 de la Ley 11 de 1986, desde la
fecha de su vigencia, 29 de enero de dicho año, había abolido los regímenes
pensionales consagrados en normas municipales, con excepción de los derechos
que a esa fecha ya se hubieran adquirido con base en tales ordenamientos.
Además
de lo anterior los cargos parten del supuesto de que a los servidores de la
entidad demandada le son aplicables los acuerdos municipales invocados como
sustento normativo para acceder a la pensión reclamada, lo que no es cierto,
como en varias oportunidades lo ha precisado y ratificado la Sala, entre otras
en sentencias del 20 octubre de 1998 (radicación 11157), 5 abril de 2000
(radicación 13216), 28 junio de 2001
(radicación 15955), 14 agosto 2001(radicación 15912) y 12 de diciembre de 2001
(radicación 17130), así:
“La
ausencia de fundamento legal para extender a la demandada la obligación
consagrada en los acuerdos, hace que la decisión termine dependiendo solo de lo
contemplado en el texto de los mismos, en los que aparece claramente que la
prestación reclamada está instituida favor de los trabajadores del Municipio de
Medellín, sin que en ellos obre explicación de por qué se le impone a la
Empresas Públicas de Medellín, persona jurídica diferente a la obligada por los
acuerdos, tal como debe entenderse del hecho mismo de dirigirse contra ella la
demanda, como bien lo indica el recurrente, entidad ésta última a la que el
actor prestó sus servicios.”
Lo
expuesto es suficiente para que no prosperen los dos cargos examinados.
“TERCER
CARGO:
Con
fundamento en la causal primera de casación contemplada por el artículo 86 del
C. de Procedimiento Laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de
1.964, acuso la sentencia que aquí hago objeto del recurso de casación de ser
violatoria, EN FORMA INDIRECTA, de la Ley Sustancial por haber incurrido en la
sentencia objeto del recurso en ERRORES DE HECHO que aparecen de un modo
manifiesto en los autos, errores de hecho éstos que trascendieron a la decisión
adoptada, errores de hecho en que incurrió el Tribunal al apreciar
erróneamente, o al dejar de apreciar el acervo probatorio que, en concreto, he
de precisar en el desarrollo del cargo. Como consecuencia, de éstos errores de
hecho la sentencia es directamente violatoria, en la modalidad de INFRACCION
DIRECTA, de las normas de derecho sustancial contenido en el artículo 146 de la
ley 100 de 1.993, en los artículos 36 de la ley 100 de 1.993, en el artículo 5º
del Decreto reglamentario 0813 de 1.994, en el artículo 45 del Decreto
Reglamentario 1748 de 1.995, en los artículos 1º y 9º de la Ley 71 de 1.988, y
en los artículos 11, 14, 30, 141, 143 y 150 de la Ley 100 de 1.993, en el
artículo 4º del Decreto 1100 de 1.989, en el artículo 228 de la Constitución
Política de Colombia y en el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil,
aplicable éste a los procesos laborales por mandato expreso del artículo 145
del Código Procesal del Trabajo, violación a
la cual se ha llegado AL DEJAR DE DARLES APLICACIÓN al caso sometido a
su estudio siendo regulados por tales normas, como así paso a demostrarlo..
“ERRORES
DE HECHO EN QUE INCURRIO EL TRIBUNAL
Al
proferir su sentencia, el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión
Laboral, incurrió en los siguientes “ERRORES DE HECHO”, errores de hecho que,
además de haber sido trascendentes a la determinación adoptada, aparecen de un
modo manifiesto en los autos:
PRIMER
ERROR DE HECHO: No dar por plenamente demostrado en el
proceso, que para DICIEMBRE 23 DE 1993 el demandante ya había laborado para la
Entidad empleadora demandada MAS DE VEINTE PERO MENOS DE VEINTICNCO AÑOS Y QUE
PARA ENTONCES YA HABÍA LLEGADO A LA EDAD DE CINCUENTA AÑOS.
SEGUNDO
ERROR DE HECHO: No dar por establecido en el Proceso que
habiendo completado, para DICIEMBRE 23 DE 1993, MAS DE VEINTE PERO MENOS DE
VEINTICINCO AÑOS DE SERVICIO para la entidad demandada Y HABIENDO LLEGADO A LA
EDAD DE CINCUENTA AÑOS, el demandante reunía, para la fecha indicada, los
requisitos exigidos por el Artículo Sexto del Acuerdo Municipales 82 de 1.959,
para tener derecho a la pensión de jubilación demandada.
PRUEBA
DEJADA DE APRECIAR
Como
pruebas que fueron dejadas de apreciar por el Tribunal autor de la sentencia
que aquí hago objeto del recurso de casación, me permito puntualizar los
siguientes documentos auténticos.
A=)
Los documentos auténticos que reposan a fls 157 A 158, 159 A 160, 162 A 166 Y
183 A 184 del proceso, consistentes éstos documentos en diversas informaciones
suministrada por la Entidad demandada en relación con el tiempo laborado por el
demandante para la entidad empleadora.
B=)
El documento auténtico que reposa a fls 212 del proceso, consistente éste
documento en copia auténtica del Acuerdo 82 de 1959, expedido por el Concejo
Municipal de la ciudad de Medellín.
C=)
El documento auténtico que reposa a fls 10 del proceso, documento auténtico
éste que consiste en copia de la Partida de bautismo del demandante.”(Folios 44 y 45 del cuaderno de la Corte).
En
la demostración del cargo sostiene que si el tribunal hubiera apreciado los
documentos mencionados, habría concluido que el actor cumplía con los
requisitos para tener derecho a la pensión extralegal de jubilación contemplada
en el Acuerdo 82 de 1.959, pues dichos requisitos ya los había completado para
el 23 de diciembre de 1.993, fecha en la cual inició su vigencia la ley 100 de
1.993. Como así no lo hizo incurrió en violación de la ley por infracción
directa.
El
opositor advierte que los imaginarios desatinos fácticos parten del supuesto
equivocado de que la Ley 100 de 1993 es aplicable al asunto sub judice, asunto
definido en el examen de los cargos anteriores, por lo que es imposible
jurídicamente que el Tribunal ad quem
hubiese cometido los errores de hecho acusados.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
El
cargo, presentado por la vía indirecta, comete el error de señalar como
concepto de violación de las normas relacionadas la modalidad de infracción
directa, la que es ajena a un ataque por tal vía. Desde antaño ha precisado la
Sala que la vía indirecta supone la discrepancia del censor con la apreciación
que el fallador de segundo grado tenga de las pruebas y con las conclusiones
fácticas, y en cambio la infracción directa de la ley supone el desconocimiento
de la ley por el juzgador, con independencia de cualquier cuestión probatoria.
De
otra parte se observa que en el presente caso se atribuye al Tribunal como
error de hecho el no haber dado por establecido que el actor completó para
diciembre 23 de 1993, más de veinte años de servicio para la entidad demandada
y haber llegado para la misma fecha a la edad de “sesenta” años, requisitos
exigidos por el artículo sexto del Acuerdo 82 de 1959 para tener derecho a la
pensión de jubilación demandada. Pero como se advirtió al resolver los cargos
anteriores, el citado Acuerdo Municipal no es aplicable a los servidores de la
entidad demandada, de tal manera que no es posible edificar yerro alguno con
base en su falta de estimación.
Además,
el ad quem no incurrió en el otro
yerro fáctico, pues fue presupuesto para absolver a la demandada el estimar que
los Acuerdos Municipales invocados dejaron de tener vigencia en el momento en
que entró a regir la Ley 11 de 1986, enero de dicho año, fecha para la cual el
demandante no tenía ni la edad ni el tiempo de servicios requerido por la norma
municipal.
Por
lo expresado, el cargo no prospera.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO
CASA la sentencia de fecha 11 de julio de 2.001, proferida por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por GERARDO DE JESÚS
MONTOYA MONTOYA contra EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.
Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.
JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA
FRANCISCO
ESCOBAR HENRÍQUEZ CARLOS ISAAC NADER
LUIS
GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDÉS SÁNCHEZ
ISAURA
VARGAS DÍAZ FERNANDO
VáSQUEZ BOTERO
JESÚS ANTONIO PASTÁS
PERUGACHE
Secretario