a) La función social y de colaboración con la administración de justicia es inherente a la profesión de abogado. Así, el Decreto 196 de 1971 en su artículo primero establece:

"La abogacía tiene como función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de una recta y cumplida administración de justicia".

Así mismo, el Capítulo Primero del Decreto 1221 de 1990 señala los principios rectores de los estudios de derecho, haciendo énfasis en la función social de la profesión existiendo coincidencia con la finalidad del servicio legal popular establecido en la Ley 446 de 1998, el cual tiene como antecedentes la figura del consultorio jurídico (art. 30, Dec. 196 de 1971) y la práctica o servicio profesional facultativo (inciso segundo, numeral 3, artículo 20, Decreto 3200 de 1979 y artículo 21, Decreto 1221 de 1990).

Este requisito no ha sido establecido por el legislador únicamente para los estudiantes de derecho sino también para otras carreras (i.e. medicina, enfermería, bacteriología, administración pública, entre otras) en las cuales se exige el cumplimiento de una práctica o de un servicio social, con lo cual se evidencia que no se vulnera el derecho a la igualdad creando una situación desfavorable para los estudiantes de derecho.

El principio fundamental de solidaridad, pilar del Estado social de derecho (C.Po. art. 1o.) es compatible con el establecimiento del servicio social para los profesionales de todas las áreas, orientado a colaborar con la comunidad en el mejoramiento de su nivel de vida, teniendo en cuenta la imposibilidad de algunos grupos poblacionales para contratar los servicios de un profesional y la necesidad nacional de resolver problemas que afectan la realización de los fines esenciales del Estado.

b) Teniendo en cuenta que la dificultad en el acceso a la administración de justicia (art.229 C. Po.) y la ineficiencia de este servicio público son algunos de los principales factores generadores de violencia e injusticia social y, que la solución a estos problemas requiere de medidas inmediatas, se advierte la justificación constitucional del servicio legal popular, el cual busca fortalecer la credibilidad en las instituciones, reducir la impunidad y en fin, contribuir al logro de la paz y la convivencia.

La Constitución de 1991 hace especial énfasis en la justicia como fundamento del Estado social de derecho en tanto que a través de ella se hacen efectivos los derechos y garantías de los asociados y se vigila el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares; en consecuencia, rescata la importancia de la rama judicial, la reestructura y asigna a los ciudadanos como uno de sus principales deberes el de colaborar con la administración de justicia (C. Po, art. 95-7).

La participación de los egresados en entidades públicas, en centros de conciliación y como defensores de pobres, hará posible una atención más eficiente de los conflictos entre particulares y de estos con el Estado lo cual contribuye al logro de la convivencia pacífica. Así se debatió en la Cámara y el Senado, en donde se advirtió su conveniencia, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales y administrativas para la vinculación de personal en las entidades relacionadas con la administración de justicia.

En este punto, resulta pertinente citar a la Corte Suprema de Justicia, al referirse a la labor del abogado:

c) La Constitución Política faculta al legislador para exigir títulos de idoneidad y regular, inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones. Así mismo, señala que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.

La Ley 30 de 1992 establece como uno de los objetivos de la educación superior:

"art.6-a. profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolo para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

"b. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país".

Con relación al plazo de un año establecido para la entrada en vigencia de la ley (art. 160 ley 446 de 1998), este Despacho considera que no genera situaciones de desigualdad sino que por el contrario, resulta ajustado a la Carta, ya que protege la seguridad jurídica de quienes cumpliendo los requisitos exigidos por las normas vigentes antes de la expedición de la ley 446 hayan optado por una de las alternativas permitidas por el artículo 20 del Decreto 3200 de 1979 y el artículo 21 del Decreto 1221 de 1990: investigación dirigida o judicatura.

En este caso, no se trata de una mera expectativa sino de una situación consolidada, pues no sería razonable que la ley ofreciera alternativas y posteriores cambios legislativos afectaran a quienes hayan hecho uso de ellas. Ahora bien, con respecto a la situación de aquellos que no se encuentran dentro de los supuestos de la excepción legal, es decir quienes al cumplimiento del plazo señalado no hayan terminado materias, debe recordarse que no han adquirido derecho alguno, sino que se trata de una mera expectativa. En ese sentido, resulta conveniente citar el concepto 1676 ya mencionado.

"La facultad de regular los títulos de idoneidad fue conferida al congreso en virtud del artículo 26 de la Carta Política. El legislador en uso de esta atribución, puede señalar nuevos requisitos a las diferentes profesiones... El legislador para reglamentar esos títulos de idoneidad podría válidamente cambiar las reglas para su obtención sin que se pueda aducir la existencia de derechos adquiridos por parte de los estudiantes que cursan un determinado programa académico, puesto que, como lo ha sostenido la jurisprudencia, estas personas tienen en relación con las normas que regulan sus estudios una mera expectativa legal`, la cual debe ceder frente al interés general que pretenda protegerse con la reglamentación de la profesión.

"La anterior consideración tiene respaldo en el siguiente aparte jurisprudencial:

"Por lo tanto no les asiste razón a los demandantes en su argumentos de inconstitucionalidad, cuando afirman que al legislador no le era dado modificar las exigencias previstas en la ley al momento de la iniciación de la carrera, con fundamento en la violación de presuntos derechos adquiridos".

a) En el presente caso se plantea para el legislador una relación de tensión entre el deber del Estado de garantizar el derecho a acceder a la justicia y a la eficiencia de la misma y el interés de algunas personas que en un momento dado pueden ver afectado su derecho al trabajo por la norma que establece el servicio legal popular.

Si bien no puede establecerse una prioridad absoluta de uno de los polos de tensión sobre el otro, debe advertirse que la prevalencia del interés general sobre el particular y el hecho de que la norma esta dirigida a estudiantes de derecho, concede mayor peso a los criterios académicos y de eficiencia en la administración de justicia.

Sin embargo, en las condiciones sociales y económicas de nuestro país es inevitable reconocer como una realidad que algunos estudiantes deben desempeñar simultáneamente los roles de estudiante y trabajador, sin que esta consideración respecto a casos particulares pueda prevalecer a las propias de la regulación de los estudios superiores, en tanto estas tutelan el interés general.

No obstante, en el balance de derechos enfrentados debe procurarse evitar o por lo menos minimizar el sacrificio de aquellos que puedan verse afectados.

Al respecto, es necesario determinar la dimensión del daño que pueda producir la aplicación de la Ley, a la luz de las diversas modalidades que ella contempla. Así vemos que la norma solamente afectaría a aquellos estudiantes en quienes concurran las siguientes circunstancias: no haber terminado materias dentro del plazo señalado (art. 160); estar desempeñando, en el momento en que deban prestar el servicio legal popular, un cargo que no pueda ser reconocido como tal servicio (art. 151); no poder vincularse a un cargo remunerado (art. 154); y no ser eximido del servicio (art. 153).

b) Si bien la Constitución consagra la protección del trabajo en todas sus modalidades (artículo 25), no debe olvidarse que el servicio legal popular, tiene el doble carácter de práctica académica y actividad laboral.

En el mismo sentido, no podría considerarse que el carácter obligatorio y gratuito del consultorio jurídico vulnere el derecho al trabajo, sino que debe asumirse como parte de la formación profesional y como un servicio a la comunidad.

En cuanto a la vinculación de los estudiantes a entidades públicas, es necesario reiterar la advertencia planteada en el ya mencionado concepto (No. 1676) emitido por este Despacho, con respecto a la vinculación de egresados por parte de las entidades públicas, en la cual se debe dar cumplimiento a las normas previstas para el efecto, en especial, las de carrera administrativa (C.Po. art. 125), con el fin de respetar el derecho de todas las personas de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad (C.Po. arts. 13 y 40-7).

c) Finalmente, con relación al inciso primero del numeral tercero del artículo 151, considera este Despacho que no vulnera el Ordenamiento Superior, puesto que representa una de las posibles opciones que puede elegir el estudiante y no una imposición que conlleve violación al derecho a la igualdad o al derecho al trabajo.

El inciso segundo del numeral 3o. del artículo 151 establece condiciones especiales para quienes prestan el servicio a través del ejercicio independiente de la profesión; estas condiciones pretenden garantizar la idoneidad de la actuación del abogado en la defensa de los intereses de su representado.