Expediente núm. 5020

Acción : Nulidad y Restablecimiento del derecho

Actor: COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES LTDA.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la entidad demanda la sentencia de 5 de febrero de 1998, por la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, accedió a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

La COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES LTDA., a través de apoderada y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitó que se le declare la nulidad de los siguientes actos:

1º. Resolución núm. 01759 de 28 de marzo de 1995, mediante la cual el jefe de la División de Fiscalización de la Administración Especial de Operación de Santa Fe de Bogotá, decomisó, en favor de la Nación, la mercancía allí descrita, evaluada en doce millones ciento veintisiete mil trescientos noventa pesos ($12.127.390.00); no accedió a la práctica de las pruebas solicitadas; y dio aplicación administrativa sancionatoria contenida en el inciso 3 del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992.

2º. Resolución núm. 04792 de 23 de agosto de 1995, expedida por el Abogado Delegado de la División Jurídica de la Administración Especial de Operación Aduanera de Santa Fe de Bogotá, a través de la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución núm., 01759 de 28 de marzo de 1995, confirmándola.

A título de restablecimiento del derecho solicita que se entregue a la demandante la mercancía decomisada; o que en caso de haberse dispuesto ya de ello o de encontrarse en las mismas condiciones en que fue aprendida, se condene a la entidad demandada, por concepto de daño emergente, al pago de la suma de doce millones ciento veintisiete mil trescientos pesos ($12.127.390.00), más la indexación de dicha suma, para lo cual se tomará en cuenta el índice de precios al consumidor; por concepto de lucro cesante, el valor del interés bancario que certifique la Superintendencia Bancaria, sobre el valor de l mercancía decomisada; y por concepto de daño moral, la suma en pesos equivalente a un mil quinientos (1500) gramos oro.

La apoderada de la parte actora señalada como violadas los artículos 4°, 29,83 y 84 de la Constitución Política; 2, 3°, 11,12,27,33,75,82y84del C.C.A; y 22,30,31,63,64 y 72 del Decreto 1909 de 1992, sustentando el concepto de violación, así:

PRIMER CARGO: Se violaron el artículo 4°, 29,83 y 84 de la Constitución Política, dado que el ente demandado no tuvo en cuenta que la Constitución es norma de normas; que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares; que se debe garantizar el debido proceso; y que cuando una actividad ha sido reglamentada de manera general, no pueden exigirse requisitos adicionales para su ejercicio.

En efecto, en el caso objeto de análisis se encuentra establecido que la demandante se propuso realizar una importación temporal de corto plazo (artículos 39 y 40 del Decreto 1909 de 1992), para lo cual el citado decreto exige implemente que se haga una descripción del bien. Si bien la marca del instrumento importado no se encuentra en la declaración de importación, en los documentos que a ella se anexaron si parece nítidamente cuál era dicha marca. Es más, el propio productor del equipo anotó que todos los equipos por él producidos llevan implícita la marca ELMI, sin que se hubiese atendido en forma alguna las explicaciones y aclaraciones dadas por el demandante.

SEGUNDO CARGO: Se violaron los artículos 2°, 3°!, 112, 27,33,75.82y 84 del C.C.A. y 3° d e la Ley 58 de 1982, ya que no se hizo efectivo el derecho e interés de la demandante; no se tuvo en cuenta que los procedimientos administrativos se deben remover de oficio los obstáculos puramente formales, como tampoco que con los procedimientos se busca asegurar y garantizar los derechos de las personas y que los principios de eficacia e imparcialidad rigen las actuaciones administrativas, configurándose de paso una falsa.

Lo anterior, por cuanto la Administración desconoció que la Compañía General de Telecomunicaciones Limitada buscaba importar temporalmente un aparato suficientemente identificado, no sólo en la declaración de importación, sino a través de toda la fundamentación y prueba allegada al rendir descargos y al proponer el recurso de reconsideración.

Las autoridades deben indicar al administrado la información que hace falta en las peticiones ante ellas presentadas, razón por la cual la Aduana debió advertirle a la actora que la marca no se encontraba

señalada en la declaración de importación.

TERCER CARGO: Se desconoció el artículo 22 del Decreto 1909 de 1992, que establece los requisitos que debe contener una declaración de importación. La Aduana no tuvo en cuenta que dentro de la presentada por la demandante se incluyeron todos los datos señalados en la citada norma, motivándose por lo tanto falsamente las resoluciones acusadas.

De igual manera se vulneró el artículo 30 ibídem, pues con los actos demandados se desconoció el levante de la mercancía, que en aquél se precisan. Al parecer, se encontró que la declaración no reunía los datos que establece el ordinal d), pero lo cierto es que se hicieron absolutamente todas las precisiones que la norma indica. Al no considerarlo así se violó directamente esta disposición y la entidad demandada incurrió en falsa motivación.

También se desconoció el artículo 31 ibídem, puesto que en él se previó la posibilidad de corrección de la declaración y ello no se cumplió. En tales condiciones, la autoridad aduanera, al recibir la declaración de importación, no hacer en dicho momento observación alguna, ni devolverla para adicionarla, consideró tácitamente que se ajustaba a lo pedido. Al desconocer la oportunidad que tenía para hacer lo anterior, esta motivando falsamente los actos acusados.

CUARTO CARGO.- La Administración vulneró los artículos 63 y 64 del Decreto 1909 de 1992, que consagran, respectivamente, los principios de eficiencia y de justicia, por cuanto aquélla tuvo en cuenta la forma y no el derecho del particular.

QUINTO CARGO- Las resoluciones acusadas se fundamentan en el artículo 72 del Decreto de 1909 de 1992, el cual fue violada, ya que todas sus especificaciones, e inclusive se anotó como marca EPC91, que, de acuerdo con lo expresado por el productor, corresponde a la marca implícita del producto.

Para adoptar la decisión recurrida, el fallador de primera instancia consideró:

1°. Debe establecerse si al plasmar una marca abreviada se considera cumplido o no el requisito relativo a la descripción de las mercancías.

2°. La descripción de las mercancía comprende las características generales, números, marcas, referencias y demás especificaciones que la identifiquen.

3°. De acuerdo con la Resolución núm. 371 de diciembre de 1992, la descripción de la mercancía debe hacerse en la declaración de importación. Sin embargo ello no significa que los demás documentos que la acompañan no puedan ser tenidos en cuenta. De ahí que el contener la declaración, sin perjuicio de la información adicional que puede solicitarse.

4°. En el caso concreto, si bien es cierto que en la casilla 44 de la declaración de importación habría sido más preciso escribir "Analizador de llamadas PCM ELMI", acorde con la denominación presentada por el presidente de la compañía productora GN ELMI en comunicación de 18 de mayo de 1995, esa carencia de precisión no puede entenderse como omisión de la descripción de la mercancía, como lo calificó la demandada, ya que el declarante informó que era un analizador de llamadas EPC91, cuyas siglas traducen "ELMI PCM CAL ANALYZER", de acuerdo con la comunicación referida, la cual es una prueba idónea que cumple con los requisitos de los documentos privados provenientes del exterior, que no fue tenida en cuenta al resolverse el recurso de reconsideración.

5°. No se trató en el caso examinado de una falta u omisión de la marca, que configure falta de la descripción de la mercancía, sino que se está frente a una marca abreviada, susceptible de ser explicada, pero que no constituye una violación al régimen aduanero, ya que ninguna de las disposiciones establece que la marca de exclusivo valor para la declaración de importación.

6°. Además, la marca es sólo uno de los elementos que configuran la identidad buscada a través de la casilla asignada a la descripción de la mercancía.

7°, No se desconoce la drasticidad de las normas aduaneras, en tanto está en juego el fisco nacional y, en últimas, la soberanía y la protección a la legislación contra el contrabando. Sin embargo, ello no puede ser confundido con la inobservancia de los procedimientos y, en general, de la estimación y valoración de las circunstancias, hechos y pruebas que permiten tener certeza de que el importador declarare cumplió con la legislación a la cual está sometido.

8°. No debe olvidarse que el artículo 31 del Decreto 1909 de 1992 permite, para efectos del levante de la mercancía, devolver la declaración a fin de que sea corregida o complementada, entre otras circunstancias, cuando la declaración de importación no contenga la descripción de la mercancía. En consecuencia, si la entidad demandada consideró que la declaración adolecía de la información de la marca, criterio que no comparte el Tribunal, debió entonces solicitar su complementación, cuestión que no hizo.

Por lo anterior, si se presentó la violación al debido proceso, al omitirse por parte de la Administración las formas propias del procedimiento aduanero previsto en el Decreto 1909 de 1992 y por no valorar en debida forma las pruebas aportadas, principalmente la comunicación de la compañía productora del elemento decomisado.

9°. De igual manera prospera el cargo de falsa motivación de los actos acusados, dado el error de la Administración, si bien no intencional en primera instancia, al carecer de conocimiento sobre la significación de las siglas puestas en la casilla de la descripción de la marca de la mercancía a importar en cuenta la explicación del productor al respecto.

10°. No prospera el cargo de violación al principio de la buena fe, por cuanto si bien la Administración erró en la violación de las pruebas y, en consecuencia, incurrió en violación del debido o proceso y en falsa motivación, la transgresión se originó en una omisión del procedimiento de corrección y en yerro del conocimiento del conocimiento de la significación de la sigla marcaría, lo cual la Administración bajo el supuesto de haber.

Por lo tanto, no es que la demandada no haya tenido en cuanta la buena fe de la sociedad actora, sino que en su entender, equívoco por de más, de acuerdo con las consideraciones anteriormente expuesta, la presunción tenía prueba en contrario.

Como consecuencia de la nulidad de los actos demandados se ordenará la devolución de la mercancía decomisada y, en caso de no ser posible su entrega por haberse dispuesto de ella o por no encontrarse en las mismas condiciones, se concepto de daño emergente, la suma de doce millones ciento veintisiete mil trescientos noventa pesos ($12.127.390.00), el valor que deberá ser ajustado con base en el índice de inflación certificado por la Junta Directiva del Banco de la pública, de conformidad con el artículo 4° de la Ley 241 de 1995.

No se accede a la condena solicitada como lucro cesante , ya que de conformidad con el artículo 177 del C.C.A., la condena a intereses sobre cantidades líquidas se causa para los comerciales dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y moratorios después de ese término.

Tampoco accede a la condena por perjuicio es morales, dado que las personas jurídicas no son objeto de los mismos cuyo fin es compensar la aflicción, el dolor y el sentimiento que l pérdida genera, aspectos que corresponden a las personas naturales y no a las jurídicas.

La parte demandada recurrió el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sustentando su recurso así.

1°. El aspecto a dilucidar es el de si se omitió la marca en la declaración de importación y no como lo expresó el Tribunal, si al plasmar una marca abreviada se considera cumplido o no el requisito relativo a la descripción de las mercancías.

2°. La demanda omitió la marca en la casilla 44 de la declaración de importación, para que si incluida en el acta de aprehensión núm. 49062 de 6 de septiembre de 1994 y en el documento contenido del "RESULTADO DEL RECONOCIMIENTO Y AVALUO", elaborado el 14 de diciembre de 1994, lo cual significa que el instrumento decomisado si tenía en forma explícita la marca de fábrica esto es, G.N.ELMI.

3°. El Tribunal efectúa una indebida valoración del documento otorgado en el extranjero, de fecha 18 de 1995, suscrito por el presidente de la firma productora del elemento decomisado, pues en él simplemente se deja constancia de que cada instrumento se distingue por unas letras y un número, es decir, que tienen una referencia, siendo la marca de todos G.N. ELMI, que, se reitera, fue omitida en la descripción de la mercancía, desconociendo con ellos los artículos 24 de la resolución núm. 371 de 1992 y 22 del Decreto 1909 del mismo año.

4° No es cierto lo afirmado por el a quo en el sentido de que en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración no se tuvo en cuenta la certificación expedida por el productor del instrumento, ya que en el 5° Párrafo de la misma se hizo una valoración de dicha prueba.

Así las cosas, queda sin sustento lo expresado por le Tribunal para declarar probada la falsa motivación, ya que la Administración si tuvo en cuanta la explicación del productor.

5°. Carece de veracidad lo sostenido por el fallador de primera instancia respecto de que la inaplicación del artículo 31 del Decreto 1909 de 1992 conlleva la violación del debido proceso y la falsa motivación de los actos demandados, pues dicha norma, que se ocupa del procedimiento para rechazar el levante de las mercancías, también prevé que se debe devolver la declaración para que se corrija o se complemente cuando haya lugar a ello, teniéndose que de acuerdo con el artículo 27 de ibídem, ello no es posible cuando con la declaración de corrección se modifique la omisión de descripción de la mercancía, lo cual no produciría efecto alguno. Entonces, al no poderse corregir la declaración se entendía a la Luz del artículo 72 del Decreto 72 del Decreto 1909 de 1992, que a mercancía no fue declarada al haberse omitido su descripción.

6°. Como el Tribunal encontró probada la falsa motivación con base en los mismos argumentos para declarar la prosperidad del cargo de violación del debido proceso, al quedar desvirtuada dicha violación, queda también sin la falsa motivación.

7° En el expediente se encuentra acreditado que la demandante no demostró que la marca del instrumento decomisado no estaba impresa en el cuerpo del mismo en forma expresa, razón por la cual es evidente que le motivo expuesto en los actos demandados coincide con la situación que les sirvió de fundamento.

8°. A quien se le violó el debido proceso fue a la entidad demandada, ya que la sentencia apelada no valoró las pruebas por ésta pedidas y allegada al expediente, tales como los antecedentes de las resoluciones acusadas y los conceptos 204 de 1994 y 209 de 1993 de la Subdirección Jurídica de la DIAN, los cuales, de haberse tenido en cuenta, la decisión habría sido denegatoria de las pretensiones de la demanda.

9°. Los documentos que sirven de soporte a la declaración de importación no la sustituyen, puesto que está es el único documento público que ampara la mercancía la marca de la misma y, si pese a tenerla no se incluye, se debe entender que no fue declarada (artículo 72 del Decreto 1909 de 1992) y, por lo tanto, hay lugar a su aprehensión y posterior decomiso, como ocurrió en el asunto sub examine.

Los documentos soportes de la declaración tienen por fin carroborar la veracidad de los datos incorporados a la misma, pero en momento alguno se pueden considerar supletorios de aquélla, pues no la reemplazan. Se entiende lo anterior porque se protege el físico nacional, la legislación contra el contrabando y la soberanía del Estado. De ahí la drasticidad de las normas aduaneras y la exigencia de su estricto cumplimiento por parte de los importadores y de las autoridades en general.

El Procurador Primero Delegado ante esta Corporación es partidario de que se confirme la sentencia apelada, por las siguientes razones:

1a. La Resolución núm. 01759 de 28 de marzo de decomisó en favor de la Nación la mercancía aprendida mediante acta núm. 49062 de 6 de septiembre de 1994, por haberse omitido en la declaración de importación la marca de en mercancía importada.

2a. Tanto el Decreto 1909 de 1992 como la Resolución núm. 371 del mismo año, contemplan como requisito de la declaración de importación la descripción de la mercancía, concepto dentro del cual cabe el señalamiento de la marca, sin que se convierta en una exigencia obligatoria, pues la exigencia legal radica en la descripción de la mercancía, lo cual significa señalar los elementos que la caracterizan, individualizan y permiten diferenciarla de otra.

3a. La propia Administración acepta que de la documentación anexa a la declaración de importación se infiere la marca del aparato que se pretendió importar temporalmente. Más aún, el productor del equipo decomisado anotó que todos los equipos producidos por la firma comprenden la marca del instrumento y así, al colocarse EPC 91, implícitamente incluyen la marca ELMI, prueba que no se tuvo en cuenta en la vía gubernativa, violándose por lo tanto el debido proceso.

4a. En el formulario de declaración de importación, en la casilla 65, la mercancía decomisada aparece descrita en términos de naturaleza, objeto, serial, referencia, etc., lo cual ha sido aceptado por el Consejo de Estado como descripción de la mercancía, en asuntos similares.

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

En la Resolución núm. 4792 de 23 de agosto de 1995, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que ordenó el decomiso de la mercancía decomisada, confirmándola, la Administración motivó así su decisión:

El contenido de las normas fundamento de las resoluciones acusadas, es como sigue:

Decreto 1909 de 1992:

Resolución núm. 371 de 1992

"Artículo 24.- Aspectos generales de diligenciamiento.

La Sala se encuentra de acuerdo con lo expresado por el fallador de primera instancia, en cuanto a que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por violación al debido proceso y falsa motivación, dado que la Administración, al resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución que decomisó el instrumento importado por la demandante, si bien se refirió a la certificación expedida por el productor de la mercancía decomisada, también lo es que no le dio el valor probatorio que debió otorgarle, pues con el mismo la sociedad actora demuestra que dentro de la descripción que hizo de la mercancía en la declaración de importación, incluyó, de manera abreviada, la marca de la misma.

En efecto, en la declaración de importación número 9401090357379 de 23 de agosto de 1994 (fl. 51 del cuaderno principal), en la casilla 44, correspondiente a la descripción de la mercancía importada, se lee:

"EPC 91 = Elmi PCM Çall Analiyzer (Analizador de llamadas PCM, Élmi)...

Concluye entonces la Sala que dentro de la descripción de la mercancía se incluyó la abreviatura de la marca, esto es, EPC9l, sin que las disposiciones legales en las cuales basó su decisión la Administración prohiban que ello se haga así.

Además, como lo ha sostenido esta Corporación en otras oportunidades ((vr. gr. sentencia de 23 de enero de 1997, exp. núm. 3945, actor: Progen Ltda. y sentencia de 29 de octubre de 1998, exp. num. 4864, actor: Amadeus Real Musical le Colombia Ltda., Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola), lo que las normas aduaneras exigen es la descripción de la mercancía, dentro de la cual, si bien se encuentra la marca, también lo es que la misma no es el único elemento que la individualiza o identifica, pues existen otros tales como la referencia, la serie, el modelo, etc. que también lo hacen.

En el caso concreto, considera la Sala que aún habiendo obviado la parte actora de manera absoluta la marca, cuestión que no hizo, dado que, se reitera, estampó en la casilla correspondiente su abreviatura (EPC91), de todas maneras no era procedente el decomiso de la mercancía, ya que en la declaración de importación aquélla informó su serie, referencia y, además su función, esto es, Analizador de llamadas, lo cual permitía a la Administración identificarla plenamente.

En consecuencia, mal hizo la entidad demandada al fundamentar su decisión en la falta de descripción de la mercancía, pues, al hacerlo, motivó falsamente los actos demandados y violó el debido proceso de la sociedad actora, lo cual lleva a la Sala a confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

CONFIRMASE la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera de febrero de1998.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha veintiséis (26) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).