PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Comunicado de Prensa
Consejería Presidencial para la Acción Social presenta informe especial
DESPLAZAMIENTO SE REDUJO 37% EN 2004
Bogotá, 31 ene.
(SNE). La Consejería Presidencial para la Acción Social informó que a pesar de
que el fenómeno del desplazamiento en términos absolutos sigue siendo difícil,
el acumulado desde 1995 hasta el 31 de diciembre de 2004 llega a 1 millón
565.765 colombianos registrados. En tanto que en 2003 y con respecto a 2002 se
registró una disminución del 48 por ciento, índice que fue del 37 por ciento
menos en 2004 con respecto a 2003.
Según la Consejería, “la política de
seguridad democrática como estrategia que aborda no sólo la recuperación y
control militar del territorio, sino que se enmarca en el restablecimiento del
imperio de la ley, la consolidación del Estado Social de Derecho, el libre
ejercicio de los principios democráticos y la defensa de los derechos humanos
de la población colombiana, ha propiciado las condiciones para que el registro
de población desplazada por la violencia continúe con tendencia a la baja”.
De acuerdo con un informe sobre el
tema publicado por la Consejería, a dos años y medio de implementada, “la
política de seguridad democrática generó un repliegue de los actores armados
ilegales hacia zonas apartadas y posibilitó la movilidad de los campesinos, el
regreso de la institucionalidad y de los funcionarios, y la presencia de la
Policía Nacional en las 1098 cabeceras municipales”.
Según las cifras del Gobierno
Nacional, durante 2002 se registraron 422.977 colombianos desplazados, 219.469
en 2003 y en el 2004 los desterrados por la violencia que ingresaron en el
Sistema Único de Registro fueron 137.315.
Los esfuerzos del Gobierno enmarcados
en la política de seguridad democrática generaron que de 86.290 desplazados
registrados en el segundo semestre de 2003, se pasara a 49.976 en el mismo
período de 2004, lo cual significa una disminución del 42 por ciento.
“Si bien el hecho de registrarse un
desplazado más es preocupante, el Gobierno no ahorrará esfuerzos para atender a
los colombianos desplazados y continuará generando las condiciones para que el
flagelo se termine”, dice el informe.
Sin desconocer que el problema es
aún difícil Antioquia, Bolívar, Cesar, Cundinamarca,
Putumayo y Valle, entre otros, son los departamentos en que el registro de
población desplazada muestra una importante disminución. En Antioquia, por
ejemplo, el registro pasó de 26.641 nuevos registrados en 2003 a 14.369 en
2004.
El 80,55 por ciento de la población
registrada se encuentra en 15 de los 32 departamentos. El 20,42 está hoy en las
5 principales ciudades capitales de departamento: Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla y Bucaramanga.
El desplazamiento forzado utilizado
como estrategia para controlar territorios ha generado que el 50,46 por ciento
de la población desterrada corresponda a mujeres, mientras que el 49,54 por
ciento se refiere a población masculina.
El 29,89 por ciento de los hogares
registrados tienen jefatura femenina. Es decir que son hogares en los que la jefe del hogar es mujer y no posee compañero inscrito
dentro del hogar. Los cinco departamentos que presentan mayor porcentaje de
hogares con jefatura femenina son en su orden Arauca, Magdalena, Valle del
Cauca, Nariño y Antioquia.
Como resultado del análisis del
Sistema Único de Registro, se observa que el 49,07 por ciento de la población
desplazada corresponde a personas entre 0 y 17 años, de los que el 49.95 son
mujeres y el 51.05 son hombres.
El 47,82 por ciento de la población
registrada corresponde al rango de edad entre 18 a 65 años, de la que un 53,18
por ciento son mujeres mientras que un 46.82 por ciento corresponde a población
masculina.
Y por último, el rango de edad
comprendido entre 66 a 98 años corresponde a un 3,11 por ciento de la población
registrada, del cual el 48,17 son mujeres y el 51,83 son hombres.
“Así –agrega el informe– la política
de seguridad democrática continúa fortaleciendo la justicia en zonas deprimidas
y afectadas por la violencia, permitiendo acciones de impacto social que
promueven el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de la
sociedad civil”.
Por sólo colocar un ejemplo, hoy en
todos los municipios del departamento sureño de Caquetá han regresado los
jueces y fiscales para que los colombianos puedan ejercer el derecho a la
justicia, y contrario a lo que se pudiera pensar, con el avance del Plan
Patriotas en la recuperación del territorio, el comportamiento del registro de
población desplazada indica que en el departamento del Caquetá se pasó de 7.230
colombianos registrados en 2003 a 5.240 en 2004.
Complementariamente se ha venido
desplegando un conjunto de estrategias y acciones que pretenden el
fortalecimiento de la administración civil en las localidades afectadas por la
violencia y la protección directa a comunidades en alto riesgo de
desplazamiento, todo ello con miras a garantizar el goce efectivo de la
libertad de residencia y movilización, promoviendo el acercamiento entre el
Estado y las comunidades directamente afectadas.
Una nueva dinámica de circulación se
presenta en regiones como el medio y bajo Atrato
chocoano y la Sierra Nevada de Santa Marta. En esta última región, después de
cuatro o cinco años se logró el regreso y la visita de los funcionarios
públicos, posibilitando que los programas estatales lleguen en beneficio de
población pobre, vulnerable o desplazada.
De igual forma, se lograron ubicar y
desmantelar retenes ilegales que restringían el paso de alimentos a los
campesinos: alimentos de organismos gubernamentales dirigidos a la población
infantil (Caso retenes en la vía Fundación, Santa Clara, El Cincuenta en el
departamento de Magdalena).
Así mismo, en la región de Marocazo, municipio de San Juan del Cesar, Guajira, en
donde actores armados ilegales venían ejerciendo control territorial y de
alimentos afectando especialmente a la población indígena Wiwa,
la política de seguridad democrática ha generado una dinámica diferente en
donde la circulación de víveres y vehículos hacia la zona rural es normal: el
alcalde ha visitado a la comunidad en más de tres ocasiones, igual ha hecho el
Secretario de Gobierno del departamento, el centro de salud fue dotado y la
tienda comunitaria esta funcionando.
En aquellos casos en donde por
diversas fuentes se ha informado sobre la posible o real restricción a la
circulación de civiles o de aprovisionamiento, el Gobierno Nacional ha adoptado
medidas, por un lado, de orden militar, para tomar el control de territorios y
vías de acceso, y por otro, de orden humanitario, promoviendo y organizando
misiones humanitarias.
Esto con el concurso de organismos
internacionales humanitarios, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, entre
otros, lo cual ha permitido verificar las situaciones, actuar de manera
inmediata y generar un espacio de acompañamiento permanente.
“El Estado colombiano, ratificando
la defensa de los derechos humanos de la población colombiana, ha señalado el
enfoque de derechos como uno de los principios rectores del Plan Nacional de
Atención a la Población Desplazada y el enfoque humanitario como el principio
que busca asistir a la población desplazada y en riesgo de desplazamiento de
manera solidaria en atención a sus necesidades, brindando soporte humanitario,
trato respetuoso e imparcial y asegurando condiciones de dignidad e integridad
física, psicológica y moral de la familia”, agrega el documento de la
Consejería Presidencial para la Acción Social.
Producto de lo anterior, el Gobierno
Nacional cuenta con un esquema integral de asistencia humanitaria en la fase de
emergencia, que le permitió asistir a 50.026 hogares durante el año 2004 en
todo el territorio nacional, con el apoyo de las autoridades competentes que
facilitaron la libre circulación de las personas y de la ayuda humanitaria,
acogiéndose a los principios rectores del desplazamiento número 25, numeral 3:
“Todas las autoridades competentes
concederán y facilitarán el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán
a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido y sin obstáculos a
los desplazados internos”.
Y 26: “Las personas que prestan
asistencia humanitaria, sus medios de transporte y sus suministros gozarán de
respeto y protección. No serán objeto de ataques ni de otros actos de
violencia”.
De igual forma, en el marco de la
estabilización de la población desplazada y bajo el cumplimiento irrestricto de
los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, el Gobierno de Colombia
ha liderado, organizado y acompañado el retorno a sus lugares de origen de más
de 70.000 colombianos, aplicando el principio rector número 30:
“Todas las autoridades competentes
concederán y facilitarán a las organizaciones humanitarias internacionales y a
otros órganos competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un
acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados internos para que se les
preste asistencia en su regreso o reasentamiento y reintegración”.
La política de seguridad democrática
ha propiciado que las víctimas de la violencia reciban los beneficios de
programas comprometidos en su lucha contra quienes amenazan y afectan su
existencia.