¨ POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE EL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
¨ Por medio del cual se expiden normas sobre el Servicio Militar
Obligatorio y se dictan otras disposiciones”
El congreso de Colombia
Decreta:
ARTÍCULO 1º.- Cuando las Fuerzas Militares tengan
en sus filas 100 mil soldados profesionales o más con la suficiente dotación y
apoyo tecnológico, y cuando las necesidades públicas no lo exijan, el servicio
militar será voluntario.
PARAGRAFO.- Las
Fuerzas Militares dependerán del Ministerio de Defensa, y la Policía Nacional a
su vez lo hará del Ministerio del Interior y Justicia.
ARTÍCULO 2º.- Crease
el Servicio Social Cívico o Ecológico Obligatorio,
el cual reemplazará al Servicio Militar Obligatorio cuando éste se desmonte. En
ningún caso será manejado por la fuerza pública.
ARTÍCULO 3º.- El
Gobierno Nacional tendrá seis meses para
reglamentar la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- La
presente Ley rige a partir de su sanción y promulgación, y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
Senador de la Republica.
¨ No le pidamos a la juventud que muera por la
Patria, pidámosles que viva para hacerla grande ¨
Luis Carlos Galán.
Actualmente, el régimen de reclutamiento militar en
Colombia se basa en la conscripción de jóvenes bachilleres que prestan el
servicio militar en dos modalidades: En el Ejército Nacional y en la Policía
Nacional, como soldado bachiller y Agente Auxiliar.
El servicio militar Obligatorio es un viejo tema y un
problema más para la juventud, a la que le ha tocado vivir el más grave
conflicto armado de la historia colombiana.
Como se sabe, el Servicio militar está orientado, entre otras razones,
al logro y participación en la estructuración democrática y cotidiana de los
conflictos internos y externos del país, con la participación activa de sus
asociados. La vinculación forzada de
muchos miles de bachilleres y otros jóvenes a la prestación de un servicio
militar obligatorio, no contribuye al afianzamiento de una cultura de paz.
Hoy en tiempos del tercer milenio, el artículo 216 de la Constitución Política
reproduce casi textualmente lo dicho en la Carta de 1886: ¨ Todos los
colombianos están obligados a tomar las
armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las Instituciones Públicas ¨.
En desarrollo de este mandato se ha regulado el servicio de manera muy particular. Un ejemplo
de ello es que a la mujer se le dispensa
de la obligación en razón de su supuesta debilidad.
Además, son numerosos los combatientes que salen
cada 12 o 18 meses fatalmente
familiarizados con la muerte, formados
en el ejercito de la violencia, para luego llegar a un medio sin
oportunidades, con una alta tasa de desempleo,
lo que los convierte en presa fácil de los grupos al margen de la ley, ansiosos
de engrosar sus filas con personal ya entrenado, y dispuesto a alquilarse para
poder subsistir.
Por otra parte, es forzoso reconocer que Colombia
exige una fuerza pública de las más
altas calidades humanas, militares y cívicas, especialmente de una fuerza
militar eficiente y eficaz. Para ello
exige de profesionales que estén inspirados en una verdadera vocación militar y
de servicio a los intereses de la patria, es decir, que realicen una carrera
profesionalizada.
Estas razones contribuyen en esencia al fundamento de
la presente Ley, que buscan eliminar gradualmente el servicio militar
obligatorio y brindar la opción de desarrollar uno social, cívico y
ecológico. Esta gradualidad
será necesaria por las implicaciones de orden militar, vinculadas a la
evolución del conflicto armado. Nuestro
compromiso con la paz es entonces, también un compromiso con los jóvenes de
nuestra patria. Hay también
implicaciones de orden fiscal que
limitaran el proceso de sustitución de bachilleres y conscriptos por un ejercito
regular y profesional, dado que ello exige costos comparativamente mayores.
La gradualidad está
fundamentada en variar significativamente las proporciones actuales de
composición de soldados en las fuerzas militares, es decir, llegar en un futuro
cercano a una estructura compuesta por
no menos de 100.000 soldados profesionales, ya que hoy es de tan solo al
rededor de 55.000. Debemos incrementar
entonces en un 50 % el número de efectivos voluntarios en el cuatrienio
2002-2006, sin que ello implique necesariamente un aumento en la fuerza militar
disponible. Todo habrá de depender de la evolución del conflicto armado
incrementado a partir de este año. Esta
sustitución dará prioridad a liberar el total de bachilleres, salvó a aquellos
cuya vocación sea la de seguir voluntariamente una carrera militar.
Alrededor de
300.000 bachilleres egresan de las aulas secundarias cada año. La educación está orientada a la formación de
valores éticos y democráticos, y a la generación de una cultura de convivencia
y solidaridad social. Al mismo tiempo,
las necesidades sociales son muy amplias y representan el mejor laboratorio
para que los jóvenes y las nuevas generaciones puedan experimentar la razón de
ser toda formación educativa, la cuál es la de revertirse en favor del
mejoramiento de la vida en sociedad y del bienestar colectivo, mediante el
fortalecimiento de los vínculos de solidaridad, el bien común y la cohesión de
los lazos de convivencia y apoyo recíproco.
En lugar de incubar una cultura forzada para la
guerra, conviene para esas nuevas generaciones la prestación de un servicio
social, civil y Ecológico en beneficio del interés colectivo. Es la razón de ser de una política integral
del Estado volcada hacia la paz, antes que una cultura volcada hacia la guerra.
Un contingente anual de las proporciones mencionadas,
de egresados de la educación media vocacional, deberá ponerse al servicio de la
causa social mediante el establecimiento
de un Servicio Social, Cívico y Ecológico. Los bachilleres podrán integrarse a
cada municipio, localidad, o distrito en donde habitan, sin separarlos de su
tronco familiar, y realizando diferentes actividades en beneficio de su comunidad, tanto sociales como económicas y de paz, entre
otras:
Procesos de alfabetización a la población adulta;
cuidado y protección ambiental; atención a poblaciones vulnerables mediante
tareas de promoción en materia de salud, saneamiento básico; cuidado de los niños;
solidaridad familiar; atención a la
tercera edad; contribución al aplicación efectiva del SISBEN y atención a la
población más pobre; asesoría a las
familias para tener servicios del Estado en salud, educación y vivienda,
contribución a la buena marcha de la
vida colectiva en las ciudades; campañas para el cuidado del espacio público,
etc.
Nuestra juventud no puede seguir siendo objeto
únicamente de la calificación “Apta para la Fuerza Militar”, por lo que se hace necesario eliminar
gradualmente el Servicio Militar Obligatorio y reemplazarlo por el Servicio
Social, Cívico y Ecológico, por las siguientes razones:
1. Existe una apatía generalizada en la sociedad colombiana a prestar el
servicio militar dentro de lo que comúnmente se ha llamado grupo armado o
combatiente. Desaparecerían entonces los
llamados “ No
Aptos ” para el Servicio Militar, y los mismos serían destinados a otras tareas
que injustificarían el uso de artificios
y triquiñuelas para ser exceptuados del reclutamiento. En sí no existiría causa alguna para que
nuestros bachilleres y/o universitarios no aceptaran la prestación del servicio
social o asistencial.
2. El servicio Social, Cívico y Ecológico alimenta el
sentido de solidaridad y pertenencia de los jóvenes con sus semejantes. Esto se
vería reforzado si se les permite a los
hasta hoy llamados “ No Aptos ”, participar en las diferentes funciones
de carácter social, y no como hasta hoy ocurre al ser devueltos a sus casas,
siendo realmente aptos y necesarios tanto para
las instituciones públicas y privadas como para la sociedad en
general. Una juventud capacitada en el sector tecnológico, industrial,
educativo, comercial y rural, es el engranaje vital que necesita el país para
obtener un verdadero desarrollo social y un crecimiento económico.
3. Instituciones como hospitales, cruz roja, defensa
civil, ancianatos, cárceles de menores, granjas
infantiles, casas de recuperación de alcohólicos y drogadictos, casas de
albergue, recuperación de menores de edad de la prostitución e indigencia,
oficinas para la atención de emergencias y desastres naturales, instituciones
para la recuperación del medio ambiente, son solo algunos frentes de trabajo,
que mencionamos para que podamos calcular la magnitud de las necesidades de
nuestro país y de la cuál debemos hacer participes activos a nuestros jóvenes ,
quienes en pocos años recibirán de nosotros un país, el cuál debe ser entregado
de manera responsable con sentido de
pertenencia.. Estaría el Estado así
materializando en gran parte el principio constitucional del articulo 2o. de la
Constitución Nacional que establece: ¨ Son fines esenciales del Estado: servir
a la Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afecta en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica
y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y los particulares”. A la vez que estaría iniciándose la formación
de nuevas generaciones que sean consientes de la necesidad de ser servidores, y
partícipes de una vida pacífica y de armonía
social.
Con esta iniciativa fortalecemos los valores morales
y políticos de los jóvenes, pues hacemos de ellos copartícipes y actores de un
Estado hasta ahora paternalista al que siempre le dejamos un sin número de
responsabilidades, pero ante el cual somos indiferentes a la hora de participar.
Recordemos que solidaridad y participación ciudadana
son principios básicos de la vida en sociedad. Debemos mantener como rumbo el
que la sociedad es al Estado como el Estado es a la misma, y en interpretación
de los principios de Rousseau, todos cedemos y
aportamos en beneficio de todos, es decir el Estado y la sociedad somos un todo
con un mismo fin.
La discusión del tema del servicio Militar
obligatorio va ligada no solo a nivel nacional sino también internacionalmente,
con el reconocimiento de la Objeción de Conciencia como un derecho fundamental
de todo ser humano, recogido y reconocido en
resoluciones del Parlamento Europeo, de la Organización de las Naciones
Unidas y otros órganos Supranacionales.
Tal es el caso que en España se
expidió el real Decreto 247 de 2001, según el cual a partir del 31 de
Diciembre de 2001 se eliminó la
prestación obligatoria del servicio militar..
El reconocimiento del Derecho de Objeción de
Conciencia consiste en el derecho que
tiene todo joven, con base en motivos personales de carácter ideológico,
ético, moral, filosófico, religioso, humanitario o cualquier otro de la misma
naturaleza, a quedar exento del servicio militar obligatorio, a la no
utilización de armas y a la no participación en conflictos bélicos en donde resultaren lesionados seres humano
y/o la naturaleza. Lo anterior, por
cuanto la Objeción de Conciencia es sobre todo la lucha por el respeto a la
vida..
El artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza
la libertad de conciencia, como un derecho fundamental, y además prescribe que
NADIE será obligado a actuar en contra de su conciencia. El presente proyecto
de Ley es útil y convenientemente políticamente, porque al darle aplicación se
avanza en dos importantes tópicos:
Hechos como los sucedidos en Patascoy,
el Billar, las Delicias, Miraflores, y Mitú, entre
otros, demuestran la clara necesidad de un proceso de profesionalización de las
Fuerzas Armadas, que exigen una actitud de prudencia y responsabilidad, así
como una eficiencia y compromiso.
Ministros de Defensa, anteriormente, han planteado la
necesidad de ir eliminando gradualmente la incorporación de bachilleres a las
filas de las Fuerzas Militares y centrar los esfuerzos en profesionalizarlas.
En el año
1999, la comisión Primera del Senado en acuerdo con el Ministerio de Hacienda, coordinó la primera
fase del desmonte del servicio militar obligatorio, para la cual se cambiarían
14.000 soldados bachilleres por 10.000
soldados profesionales, y 4.000 soldados regulares. Por lo tanto, se ve la
intención del Gobierno Nacional de avanzar en este sentido.
Esta medida permite que los recursos de las fueras
armadas, sean utilizados de manera mucho más
eficiente y efectiva, en la medida en que los dineros que se utilizan para preparar y
mantener soldados que están temporalmente en la Institución sean invertidos en
la preparación y capacitación de los soldados que le van a servir a las fuerzas
de manera permanente. A largo plazo,
estos dineros darán mayores y mejores resultados. Además, permitirán que las fuerzas militares
manejen un presupuesto militar de manera eficaz y eficiente.
Hoy un soldado profesional le cuesta al país cerca de
13.3 millones de pesos anuales y uno regular o bachiller 8.3 millones. De
profesionalizarse en su totalidad las fuerzas militares, costarían 5 millones de pesos adicionales cada uno.
Es importante tener en cuenta que los costos humanos
del servicio militar obligatorio representados en el alto número de perdidas
humanas, la vulnerabilidad de las fuerzas en combate, la carencia total de
estrategia e inteligencia militar en el marco de la guerra que esta viviendo en
estos momentos el país, son muchos más
altos que los costos económicos de ésta.
Lo anterior, nos lleva a preguntarnos si no es más conveniente desde el
punto de vista económico preparar al soldado en su dimensión militar,
intelectual y ética, en aras de superar estas diferencias y afectaciones
sociales.
Así mismo, entre 1994 y 1995 se invirtió una gran
cantidad de dinero para capturar aproximadamente 6.000 presuntos guerrilleros,
mientras que 5.800 fueron dejados en libertad por los organismos judiciales al
no encontrar méritos para su detención y vinculación jurídica, trayendo consigo
mayores costos administrativos, judiciales y carcelarios, dado la ineficiencia
e ineficacia del uso de recursos económicos y de tiempo. En la década pasada el
gasto militar creció alrededor del 4.5 % y hoy está por encima del 14.5 %.
Debido a la falta de profesionalización, se facilita
la comisión de errores en el ejercicio
bélico. De un lado, se presentan violaciones a los Derechos Humanos lo que ha
desembocado en altos costos por pagos de indemnizaciones mediante sentencias
emitidas por las cortes interamericanas de derechos humanos y el comité del
pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, y de otro lado, las bajas
ocasionadas tanto a las Fuerzas Militares como a la población civil por
acciones ejecutadas por grupos armados al margen de la Ley, generan grandes costos sociales y económicos.
Al legislar sobre el Servicio social, cívico y
Ecológico, desaparecen dichos impedimentos, pues no hay en el mundo principio o
creencia que consagre como criterio básico a la Objeción de Conciencia, la solidaridad social, la ayuda al
necesitado, la recuperación del medio ambiente o la capacitación en la
protección de la vida misma, en aras de vivir dentro de una sociedad justa,
equitativa y solidaria.
Con la ley 418 de 1997 el Congreso de la República le
aportó al país la posibilidad de que los menores de edad sean apartados de la
guerra absurda que nos ha tocado vivir. Para ello prohibió que los menores
de 18 años sean reclutados en el
Servicio Militar Obligatorio. En este sentido el artículo 13 de la referida Ley
estableció que cuando el joven culmine su ciclo de educación media secundaria
antes de dicha edad, se le aplazará su incorporación a filas hasta la mayoría
de edad, pero- agrego la Ley- sí al cumplir los
18 años se encontrare matriculado en una carrera de educación superior, sea universitaria o
tecnológica, el joven podrá nuevamente diferir su obligación constitucional
hasta la terminación de sus estudios profesionales, caso en el cual el Servicio Militar es pre-requisito
de la obtención del titulo profesional o superior.
Se trata ahora de avanzar, a fin de establecer que
los jóvenes egresados no graduados que deban cumplir su servicio militar antes
del grado sean incorporados a realizar
un servicio profesional en la respectiva área de sus estudios. Lo que proponemos es simplemente permitirle
al joven profesional o tecnólogo que deba prestar el servicio militar, hacerlo mediante un servicio social
ya sea a favor de la comunidad o en las
tareas de naturaleza técnica o científica que dichos cuerpos armados
requieran. Para tales jóvenes graduandos
seria una feliz oportunidad de realizar su práctica profesional a manera de año
rural.
La finalidad del servicio militar ha estado sujeta a
cambios determinados por la evolución histórica, sociológica y política de las
naciones. El mundo moderno ha hecho grandes esfuerzos en el campo internacional
para aislar el espectro de la guerra y garantizar, por medio del derecho, la
convivencia pacifica y la desmilitarización, condenando así la agresión y haciendo menos globales los
conflictos.
En Colombia, como en todos los países del mundo, si
bien es cierto que no pocos jóvenes miran con interés su vinculación a los
cuerpos castrenses, también lo es el hecho que para otros, tal obligación es
motivo de preocupación e inquietud personal y familiar.
Como podemos observar, el objetivo de esta iniciativa
es lograr cada día un ejército profesional y no un ejército nutrido por
bachilleres con experiencia corta que están por lo demás contando los días que
faltan para la fecha de salida. Lo que se busca es que la conscripción
obligatoria sea remplazada por el servicio social, cívico y ecológico.
Esta propuesta tiene concordancia también con lo
preceptuado en la Ley 115 de 1994, artículo 66, que establece el servicio
social a los estudiantes de establecimientos
de educación formal en programas de carácter
agropecuario, agroindustrial o ecológico que lo prestaran capacitando y
asesorando a la población campesina de la región. Esto conlleva además, a procesos educativos
integrales que le permiten a la juventud contribuír
al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y de la
convivencia ciudadana.
Pero además, no puede desconocerse que los jóvenes
que recluta el Estado carecen de preparación militar. Si bien el ejército de
Colombia trata de ofrecerles alguna capacitación, la verdad es que siempre
resultará insuficiente ante el potencial de los enemigos que tiene que
enfrentar, por su inexperiencia y conocimiento del terreno, y de la misma
población del sector. En consecuencia, quienes son convocados a desempeñarse en
la actividad militar para definir una situación de igual naturaleza, no están
en el mismo nivel de sus contrincantes.
Cabe aquí preguntarnos: ¿El Estado Colombiano con el
sistema de reclutamiento obligatorio, en verdad contribuye a crear un clima de Paz?.
Si el asunto se analiza con detenimiento, se impone una respuesta negativa por
que no se hace la paz sometiendo a la juventud a la guerra o preparándola para
ella. La paz tiene que lograrse a través de la educación y de la cultura como
lo expresó Gabriel García Márquez en el informe de la misión de ciencia,
educación y desarrollo.
Al subsistir las dificultades que afrontan los
jóvenes colombianos, bachilleres y campesinos y sus familiares, queremos dejar
a la consideración de los honorables congresistas este Proyecto de Ley, de
innegable trascendencia, que nos permitirá también hacer parte de ese concierto
de naciones civilizadas que han optado por una solución diferente al Servicio
Militar Obligatorio , al tiempo que nos permitirá sin debilitar nuestras
Fuerzas Militares y de Policía, utilizar toda la capacidad de nuestros jóvenes,
su generosidad, inteligencia, capacidades manuales, y todas sus innegables cualidades, en
beneficio de la comunidad, la paz y el país.
Nuestro aporte, Honorables Parlamentarios, será un
grano de arena en la tranquilidad de los colombianos, madres, padres y hermanos
que día a día ven a sus familiares viajar a la guerra luego de haber terminado
sus estudios secundarios. Guerra en la cual, las matemáticas, física, biología
y demás materias, no servirán para aprender el juego de la muerte de sus
compatriotas.
Así, la presente propuesta, es una búsqueda más de
los caminos de la reconciliación nacional, una búsqueda de la paz como fin
esencial del Estado, inscrita en la Carta Magna y en el corazón y rostro de
cada uno de los colombianos, sean niños, mujeres, hombres o ancianos. En este
mismo sentido se ubica la propuesta de que la Policía Nacional pase a depender
del Ministerio del Interior y Justicia.
Lo que planteamos no es una salida facilista, es la respuesta a la situación de violencia y de
convulsión de nuestra sociedad, amenazada por el fantasma de la corrupción y la
descomposición moral del ser, es la búsqueda de una mejor Colombia bajo el
poder y la capacidad de los jóvenes, que capacitarán, asesorarán y educarán a
otros colombianos; es la necesidad de darle una mejor tropa a las fuerzas
militares; profesionales, con todo el
equipo técnico y el soporte ideológico para ganar esta guerra, el priorizar que
los dineros entregados para el combate se utilicen de forma eficiente y eficaz
para lograr la Paz.
Senador de la Republica