Se ratificó que la demanda no mencionaba el hecho de la entrega de la carta de embarque, por lo que este no podía ser tenido como confesado por el silencio de la demandada.

Se consideró que la parte demandante no aportó pruebas que demostraran de manera clara y preliminar que la empresa estaba en riesgo de comprometerse financieramente de tal forma que se impidiera el cumplimiento de las pretensiones de la demanda.

Si bien la certificación de experiencia apostillada presentada por el consorcio seleccionado, no tenía que ser una fiel copia de la certificación en copia simple aportada al momento de presentar la oferta.

Al no existir una reserva urbanística formal ni una afectación legalmente establecida, no se encontró una conducta omisiva por parte del municipio de Zipaquirá que pudiera generar un daño indemnizable.

El demandante no podía pretender el reconocimiento del valor del terreno expropiado, en tanto no ostentaba la titularidad del derecho de dominio.

Aunque la Superintendencia de Salud basó parte de su sanción en un fallo de tutela que le ordenaba a la EPS asignar un nuevo especialista al paciente, se determinó que este fallo no probaba una falta de oportunidad en la atención, sino que ordenaba un cambio de especialista.

No se configuró el presupuesto fáctico necesario para hacer exigible la obligación de reintegro contenida en los actos administrativos demandados.

Se incurrió en error al momento de dosificar la pena, pues se tomo una norma no vigente para determinar la dosificación.

La Corte le dio plena credibilidad a los relatos de los afectados y de testigos imparciales que confirmaron que el vehículo del acusado iba a alta velocidad e ignoró las señales de tránsito.

No es comprensible que no se hayan tomado medidas de protección especialmente frente a la violencia intrafamiliar sufrida por el hijo menor de edad de la accionante.

La decisión judicial desconoció el interés superior del menor y el derecho de los niños a ser oídos en todos los procesos que los afecten, según lo estipulado en la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia.

No se demostró la irregularidad planteada, por cuanto se acudió a la normativa interna para suplir la ausencia del accionado, sin que irregularmente se delegaran funciones.

Se confirma nulidad de elección de alcalde de Puerto López en Cormacarena por falta de competencia territorial.

Se determinó que se acreditó su vinculación como docente oficial con nombramiento en provisionalidad.

El contrato de prestación de servicios no fue denunciado como prueba, motivo por el cual no puede definir si se incumplió el mismo.

La Corte reitera que los intereses moratorios tienen un carácter resarcitorio, es decir, buscan compensar a la persona por el perjuicio que le causa la tardanza de la administradora de pensiones en el reconocimiento o reajuste de la prestación.

Si una entidad (en este caso la UGPP) se basa en la declaración de renta para sus liquidaciones, debe considerar el documento en su totalidad, no solo las partes que le convienen.

Establecen lineamientos para la inclusión de criterios de economía circular en programas y proyectos distritales.

Proyecto de acuerdo busca fortalecer la participación femenina en los Consejos de Seguridad Local.

Línea de crédito Becerril se Transforma.

CONPES declara estratégica la planta de tratamiento de aguas residuales de Pereira y Dosquebradas.

Estrategia clave para frenar la contaminación del río Otún y proteger la salud pública.

Un proyecto de resolución busca proteger la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

Ajustarían tarifas del peaje “Laberinto” en el proyecto Santana – Mocoa – Neiva bajo esquema APP.

Aclaraciones sobre disposiciones para el registro de Vehículos Especiales Automotores y no automotores de transporte de Carga.

Alerta por la venta irregular de los productos de la marca SATOOMI.

Requisitos de elegibilidad y los criterios de priorización para la asignación de los recursos del Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Salud.

Radicada iniciativa legislativa dirigida a ajustar el marco tributario sobre productos de tabaco, nicotina y dispositivos electrónicos.

Radicada iniciativa dirigida a modificar el Código Nacional de Tránsito.

Aunque los bancos tienen una responsabilidad contractual por los depósitos, esta responsabilidad no es absoluta y puede ser exonerada cuando la pérdida se debe a una culpa exclusiva de la víctima.

¿Cómo deben ser usados los ingresos por recaudos por impuestos?.

Registraduría actualiza su Sistema Institucional de Control Interno y refuerza competencias del Comité de Coordinación.

Reglamento Interno del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

UPME responde observaciones al proyecto de resolución sobre bienes y servicios para energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno.

UPME publica informe de respuestas a observaciones sobre actualización normativa de bienes y servicios en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno.

Informe de respuesta a las observaciones recibidas respecto del proyecto sobre los requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el Sistema Interconectado Nacional.

Informe sobre comentarios del proyecto para resolver las solicitudes de conexión de usuarios finales.

El SENA ajusta el nombre de un programa para no confundir a sus futuros tecnólogos.

Actualizada la lista de bienes para proyectos de renovables, eficiencia energética e hidrógeno.

UPME publica listado oficial de bienes y servicios con incentivos tributarios para proyectos de energías renovables.

ANH ajustaría reglas de contratos de hidrocarburos para fortalecer transición energética y control financiero.

Instrucciones para tramitar solicitudes de modificación del instrumento de garantía para adoptar la Garantía a primer requerimiento.

Modificadas las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

Tribunal de Arbitraje falla a favor de Corredores Davivienda y ordena la constitución de un fideicomiso por el proyecto América Centro de Negocios.

La Unión Europea confirma que Estados Unidos garantiza una protección adecuada de los datos personales.

Organizaciones populares de vivienda no se encuentran supervisados por la superintendencia de sociedades.

Iniciada actuación administrativa para fijar metas de calidad en Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. BIC en el séptimo año tarifario.

Pretenden definir las metas de los indicadores de calidad media del séptimo año del periodo tarifario, para la Electrificadora del Meta SA ESP.

Ordenadas medidas de protección integral para mayores de 25 años que han estado bajo el cuidado del ICBF debido a condiciones excepcionales de vulnerabilidad.