Improcedente conceder la patente al comprobarse el estado de la técnica, esto es, que no había sido divulgada al público de manera explícita o implícita.

La Sala destacó que, en procesos sancionatorios como la pérdida de investidura, el alcance de la sentencia está estrictamente limitado a los hechos y pretensiones de la demanda.

Determinado que no puede extraerse con un mínimo grado de certeza que se le exigiera a la actora que ejecutara el objeto contractual con unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad.

A pesar de que la entidad demandada argumentaba que las vinculaciones eran de carácter nacional, se determinó que los actos fueron dictados por el gobernador de Santander, lo que demuestra su naturaleza territorial y, por ende, la validez del tiempo laborado para el derecho pensional.

Concepto emitido por la DIAN desconoce que existen eventos en que el arrendamiento que realizan las IPS podría estar excluido de IVA.

Ciudadano no estaba obligada a soportar los daños causados a su propiedad, sin importar que la obra que la afectó tuviera un interés público.

La autoridad judicial no solo realizó un análisis plausible de la normatividad aplicable al asunto, sino que también tuvo en cuenta la motivación del Acuerdo municipal, de manera que, la sola inconformidad del actor con la decisión no es suficiente para tacharla de errónea.

El Tribunal revocó la sentencia de primera instancia, concluyendo que no existían pruebas suficientes que demostraran que el demandado hubiera ejercido funciones de administración de forma positiva y directa.

Según el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la solicitante de una patente tiene un plazo de seis meses, a partir de la publicación de la solicitud, para pedir el examen de patentabilidad y pagar la tasa.

El proceso de expropiación por vía administrativa no establece una etapa obligatoria de mutuo acuerdo para fijar el valor de bien inmueble a expropiar.

La idoneidad de las pruebas, como las inspecciones contables solicitadas, depende de su conexión con el hecho a probar y de su valor probatorio, el cual debe estar respaldado por la normativa tributaria.

La configuración de una diferencia de criterios como causal de exculpación debe sustentar las razones de la interpretación o aplicación de la norma que, posteriormente, la autoridad determinó como errónea.

¿Están obligados los rentistas de capital a cotizar a pensión, aunque la ley no lo diga expresamente?

El derecho de petición no establece que para su satisfacción, la respuesta entregada al solicitante tenga ser positiva a su petición.

El fallo recordó que la acción de tutela no es una instancia adicional de los procesos judiciales ni un espacio para anteponer el criterio del demandante al del juez ordinario.

No existió subordinación, solamente se encargo a la accionante una tarea de responsabilidad, que podría ejecutar a la mera disposición de ella.

Decisión del juzgador es procedente al determinarse que la empresa no cumplió con el presente judicial de demostrar una justa causa para el despido unilateral.

El Consejo de Estado denegó injustificadamente la práctica de pruebas y no utilizó su facultad para decretarlas de oficio, lo que le impidió esclarecer si la privación de la libertad fue injusta.

La Superintendencia recordó que, según el principio de universalidad, todas las deudas causadas antes del inicio del proceso de reorganización deben ser objeto de un único procedimiento de verificación.

Corte Constitucional protege acceso a quimioterapia y ordena a EPS cubrir transporte de paciente con cáncer.

Con un monto de $556,9 billones se pretende financiar la hoja de ruta económica del país.

Creada la línea de Crédito Cali se Transforma.

Emitida autorización para la movilización de cilindros universales remanentes para destrucción.

CREG publica listado de municipios para la subasta de GLP de septiembre 2025 a febrero 2026.

UPME responde a comentarios sobre metodología de evaluación técnica e invita a taller virtual para el uso de su nuevo aplicativo.

Pretenden que se reconozca la mesada catorce para los y las docentes nacionales, nacionalizados y territoriales.

Proyecto de decreto busca fortalecer la lucha anticorrupción y la confianza ciudadana en las entidades y organismos del Distrito Capital.

Se definiría nueva estrategia para agilizar y focalizar subsidios de vivienda urbana.

Nuevos criterios de selección premian a proyectos con mejor urbanismo, cercanía a servicios y gestión del suelo.

Pretenden el fortalecimiento del régimen de propiedad horizontal.

Pretenden establecer una regulación a las cláusulas de permanencia en los servicios de comunicaciones fija.

Proyecto de ley busca reformar la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca para fortalecer la participación ciudadana.

El IDRD actualizaría lineamientos para el mobiliario urbano con fines publicitarios.

La estación Fuemia será trasladada al K1+510 de la Autopista Urabá sin modificar la asignación de riesgos.

Bogotá formaliza Guía de Asambleas Ciudadanas para fortalecer la democracia deliberativa.

Bogotá pone en marcha el Observatorio del Sistema del Cuidado y Servicios Sociales y lo integra a la Red Distrital.

Guía Técnica Criterios de Sostenibilidad para Edificaciones - Ciclo de Vida.

Se busca crear un equipo especializado para vigilar tarifas y derechos de los usuarios en parqueaderos distritales.

Buscan fortalecer medidas para prevenir la violencia digital en el distrito capital.

Tribunal arbitral ordena a la ANI pagar más de $17.900 millones por rompimiento del equilibrio económico en contrato de concesión.

La venta de los productos Prostazan Nutriplan”, “Prostasan Sin Pros” y “Vino Cerebral”, es ilegal por anunciar beneficios que no están probados.

¿Cómo se notifica la medida cautelar de inmovilización de mercancías transportadas por carretera a través de empresas de mensajería especializada intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, cuando no cuentan con los documentos que acrediten su legal introducción?.

¿Debe la DIAN aplicar el artículo 52 del CPACA para la caducidad de su facultad sancionatoria cambiaria?