¿Puede un ciudadano flexibilizar el requisito de inmediatez en tutela por su condición de desplazado y problemas de salud?

¿Vulneró el presidente Petro los derechos a la honra y buen nombre de Vargas Lleras con sus afirmaciones sobre la autopista norte?

Se declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se evidenciaba una vulneración de derechos fundamentales que justificara la intervención excepcional del juez de tutela, y que el mecanismo estaba siendo utilizado indebidamente para reabrir un debate legal.

La Sala enfatizó que las inconformidades del actor se limitaban a una discusión de estricta legalidad y de naturaleza económica, que no involucraba una cuestión constitucional que habilitara la procedencia de la tutela.

Dada la existencia de un medio de defensa judicial ordinario que aún no ha sido agotado y que es idóneo para analizar integralmente las alegaciones de la accionante, la Corte concluyó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad.

La acción de tutela es un instrumento para garantizar la defensa de los derechos fundamentales, pero no constituye una instancia adicional o paralela a la de los funcionarios competentes.

Al no acreditar el memorialista las exigencias establecidas, carece de "legitimación en la causa" para interponer el recurso, impidiendo así el análisis de las actuaciones o presuntas omisiones del juez de primer grado.

La ausencia del elemento que defina la falla en el servicio que ocasionó directamente el fallecimiento del paciente, deja sin fundamento y prueba la responsabilidad directa del centro médico.

Si bien el accionante accedió a la ocupación de su predio la demandada estaba en la obligación de reparar los perjuicios causados durante dicha ocupación.

La falta de notificación del estado de salud por parte del empleado, no conlleva a la pérdida de su derecho de estabilidad laboral reforzada.

Improcedente acceder a la solicitud pensional bajo el Acuerdo 049 de 1990, puesto que la actora no estuvo afiliada antes de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 al ISS.

Juzgador incurrió en un error al no tener en cuenta las pruebas aportadas al proceso y ante la duda no ordenar la ejecución de pruebas para aclarar la muerte del fallecido.

Amparados los derechos fundamentales de una madre despedida durante su periodo de lactancia.

Improcedente declarar la nulidad de la elección, dado que el estudio de los registros estudiados, determinó que las diferencias entre los registros electorales estaban justificadas.

Nombramiento resultó improcedente al emitirse por un funcionario que no tenía las competencias para designar personal.

Aunque excepcionalmente un juez de cumplimiento podría pronunciarse de fondo si se demostraran condiciones de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia de un perjuicio irremediable, en el presente caso la parte actora no acreditó dichos presupuestos.

Entre el Estado y los reclusos existe una relación especial de sujeción. Dada esta relación, el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad e integridad personal de los internos, quienes están en una situación de indefensión y no pueden repeler por sí mismos las agresiones internas.

¿Se puede delegar la rendición de cuentas en el SIA a cualquier funcionario público y contratar judicantes con remuneración sin incurrir en responsabilidad fiscal?

Medidas para la gestión de los riesgos ambientales y sociales en las entidades vigiladas por la Superfinanciera.

Nuevas directrices para créditos de libranza y grandes exposiciones bancarias.

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Definida la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Chía.

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